Estados Unidos tiene un nuevo centro de detención masiva que forma parte de la particular cruzada que está llevando a cabo el presidente Donald Trump contra las personas migrantes:
«Alcatraz Caimán», el apodo no es por casualidad ni responde a la costumbre estadounidense de solemnizar cualquier acción o proyecto con un nombre altisonante: la prisión se encuentra en una zona cercada por humedales donde habitan caimanes y serpientes pitón.
«Si un inmigrante ilegal escapase, tendría que andar entre pantanos y esquivar cocodrilos durante 50 o 60 millas solo para llegar a la civilización«, ejemplificó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
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La instalación, ubicada en una remota zona a 70 kilómetros al suroeste de Miami, está compuesta por grandes tiendas de campaña y costará al estado de Florida alrededor de 450 millones de dólares anuales.
Se ha levantado sobre el antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, cuya pista de aterrizaje de 3,3 kilómetros se ha transformado en una ciudad temporal de lona. El centro se ha construido con una diligencia extraordinaria: apenas han pasado dos semanas desde que el fiscal general de Florida, James Utheimer, propuso establecerlo en esta zona.
El recinto ocupa un total de 101 km2, y tendrá capacidad para albergar a 5.000 personas, según ha proyectado la Casa Blanca, ampliando con creces la cifra inicial de 1.000 que habían indicado previamente las autoridades estatales. El argumento estrella empleado por los representantes a todos niveles ha sido su supuesta capacidad disuasoria. «Solo hay un camino de acceso, y la única salida es un vuelo sin regreso. Está aislada y rodeada de fauna peligrosa y un terreno implacable. […] Es una forma eficiente y de bajo coste de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Hay quien ya se ha puesto en pie de guerra contra el proyecto antimigratorio de Trump. Asociaciones ambientalistas y defensores de los derechos humanos han criticado abiertamente el nuevo capricho de los republicanos. «Estamos hablando de familias, no de pandilleros», sentenció un portavoz de la organización Human Rights First, denunciando la criminalización de los migrantes que realiza el Gobierno para justificar este tipo de medidas. «El hecho de que vayamos a tener a 3.000 personas detenidas en tiendas de campaña, en los Everglades, en medio del caluroso verano de Florida, durante la temporada de huracanes, es una mala idea en todos los sentidos a la que hay que oponerse y detener», declaró Thomas Kennedy, analista político de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
La oposición al proyecto no solo florece por vulnerar los derechos de las personas, sino también por su impacto ambiental. El centro de reclusión se encuentra en el paraje natural de Everglades, considerado como una zona de alto valor ecológico por su biodiversidad. Mensajes como «esto son campos de concentración en tierras indígenas» o «esta estafa nos costará 450 millones de dólares y arruinará nuestros preciosos Everglades», han resonado por las carreteras de Florida, donde se concentraron muchas de las protestas.