Kilmar Ábrego García, fue enviado en uno de los vuelos de deportación a su país de origen, el 15 de marzo, junto con otros migrantes con supuestos vínculos con pandillas como el Tren de Aragua y MS-13, a pesar de que contaba con protección legal contra deportación otorgada por un juez de inmigración.
Estos vuelos están en medio de una batalla legal por la decisión del presidente Donald Trump de invocar poderes excepcionales para tiempos de guerra con el fin de acelerar las deportaciones.
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A pesar de que las autoridades reconocieron que cometieron un error, se oponen a una solicitud que facilite el regreso de Ábrego a los Estados Unidos, bajo el argumento que la Administración de Trump no tiene la facultad para obligar al Gobierno de El Salvador a traerlo de vuelta, y que este país a su vez no ha demostrado estar «dispuesto a considerar una solicitud de liberación de un detenido a petición de Estados Unidos».
Su abogado, Simon Sandoval-Mosheberg, calificó de atroz la decisión de la Administración Trump y declaró haber tenido casos similares, incluso en el anterior mandato del actual presidente, en donde «hacían lo imposible» al darse cuenta de lo que habían hecho. Agregó que las acusaciones en contra de García son basadas en «rumores y sombras».
«El error al que se refiere fue un error administrativo. El Gobierno mantiene la postura de que este individuo fue deportado a El Salvador y no regresará a nuestro país, y que era miembro de la brutal y despiadada pandilla MS-13», declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa el martes.
El vicepresidente J.D. Vance también comentó la situación, luego de que Jon Favreau, un exfuncionario de la Administración de Obama, le exigiera explicaciones sobre el error describiendo a García como un padre inocente de Maryland.
Vance le respondió diciendo que probablemente no leyó los documentos judiciales porque Ábrego García era un «miembro convicto de la pandilla MS-13». Para concluir, escribió que «es repugnante enfurecerse por la deportación de pandilleros mientras se ignora a los ciudadanos de los que son víctimas».