Estuvo menos de una hora en el Ministerio Público, por lo cual tuvo una comparecencia breve en comparación a otras ocasiones.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, asistió este miércoles a la sede principal de la Fiscalía de la Nación, en Lima, pero se negó a declarar sobre el caso ‘cofre’, en el cual se le señala por presunto encubrimiento personal.
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Juan Carlos Portugal, abogado de Dina, aseguró que se amplió la investigación cuatro días después de haber vencido, a pesar de que el 12 de diciembre la mandataria exhortó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a convocarla. «No es responsabilidad nuestra que el Ministerio Público no cautele el derecho al plazo razonable».
«Nosotros consideramos que es una investigación no vigente. La ampliación que el Ministerio Público emitió a fines de diciembre del año pasado, es desde la perspectiva nuestra, una disposición extemporánea«, explicó su abogado, Juan Carlos Portugal.
Boluarte, estuvo convocada para el 15 de enero, pero decidió no acudir porque no pensaba «convalidar una citación con un plazo vencido», según lo que dijo Portugal en ese momento.
En respuesta, la Fiscalía reprogramó para este miércoles la toma de declaración para que Boluarte respondiera por el caso ‘cofre’, como se conoce al vehículo presidencial, que según las indagatorias, habría sido usado por el prófugo de la Justicia, Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre.

La situación de Dina Boluarte, la presidenta de Perú, en relación con el caso ‘cofre’ es bastante relevante y polémica. En este caso, Boluarte fue citada por la Fiscalía peruana para ser interrogada sobre el presunto uso de recursos públicos para financiar actividades relacionadas con su campaña política, algo que ha generado críticas y controversia.
El caso ‘cofre’ hace referencia a una investigación en la que se alega que se utilizó dinero de los fondos del Estado para realizar pagos de una manera irregular durante su candidatura y que estos recursos habrían sido gestionados de manera ilícita, lo que está siendo investigado por la Fiscalía. Sin embargo, la presidenta Boluarte se ha presentado ante la Fiscalía, pero se negó a declarar sobre los hechos relacionados con el caso, lo que ha suscitado aún más preguntas sobre la transparencia de su gobierno y su vínculo con las acusaciones.
El hecho de que Boluarte no haya declarado ante la Fiscalía genera un debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en este tipo de investigaciones, especialmente cuando se trata de cargos públicos que implican el manejo de recursos del Estado.
Este tipo de situaciones también ponen en evidencia las tensiones entre el poder ejecutivo y las instituciones encargadas de investigar posibles delitos de corrupción o abuso de poder, lo cual es un tema muy sensible en muchos países de América Latina.