Ecuador enfrenta una crisis estructural en sectores estratégicos como petróleo, electricidad y minería, tras nueve años de políticas neoliberales que han debilitado la producción, incrementado la vulnerabilidad económica y profundizado la desigualdad. La caída en la producción petrolera y el estancamiento en la infraestructura energética son síntomas claros de un modelo que priorizó la apertura y el endeudamiento sobre la sostenibilidad.
El escenario económico de Ecuador para este 2026 se perfila bajo vulnerabilidad. Pese a que el Ministerio de Energía y Ambiente defiende una gestión superior a la Administración anterior, los indicadores operativos en electricidad, minería y petróleo muestran un estancamiento y una caída en la producción nacional.
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Aunque el Gobierno de Daniel Noboa resalta la incorporación de 846.9 megavatio (MW) al sistema eléctrico entre 2024 y 2025 (frente a los 35 MW del período previo), la infraestructura no ha logrado estabilizar el servicio. Ecuador inició 2026 con un déficit de 866 MW y la fragilidad del embalse de Mazar.
La gestión se enfrenta además al “Caso Apagón“, una investigación de la Fiscalía por presunto peculado. Los contratos de emergencia con las firmas Progen y Austral, valorados en más de 170 millones de dólares, resultaron en motores que no operaron durante la crisis de 2025, dejando al país expuesto a racionamientos que llegaron a las 14 horas.
Pese a la narrativa oficial de agilidad administrativa, el sector minero enfrenta estancamientos. Proyectos estratégicos como Loma Larga y La Plata se encuentran paralizados por la revocatoria de licencia ambiental y órdenes judiciales derivadas de conflictos sociales, respectivamente.
A esto se suma la falta de avances en la firma del contrato de explotación de Cangrejos y una nueva postergación en la apertura del Catastro Minero, cuya reactivación para la minería metálica se ha desplazado, al menos, hasta febrero.
