Los agentes de inmigración están ejerciendo facultades que violan los límites constitucionales de no entrar a sitios de propiedad privada.
Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos revela que sus agentes están autorizados a entrar por la fuerza en los hogares si sospechan que se encuentra allí un extranjero con orden de deportación, sin necesidad del aval de un juez.
La información fue obtenida y revisada por The Associated Press (AP), y representa un cambio significativo en la normativa vigente sobre procedimientos de detención.
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La medida se da en un contexto de intensas protestas y tensiones por las acciones del ICE, especialmente después del asesinato de Renee Good; una ciudadana estadounidense que fue asesinada a tiros por un agente migratorio durante una redada en Mineápolis.
Permitir a los oficiales utilizar la fuerza para ingresar a una residencia basándose únicamente en una orden administrativa constituye un cambio drástico frente a los límites constitucionales que protegen a los ciudadanos y residentes frente a allanamientos sin aprobación judicial.
Este nuevo enfoque coincide con la expansión de arrestos de inmigración impulsada por el Gobierno de Donald Trump; que ha desplegado miles de oficiales en todo el país para implementar una campaña de deportación masiva.
Activistas y defensores de Derechos Humanos han calificado la medida como ilegal; al considerar que viola la Cuarta Enmienda de la Constitución y contradice años de recomendaciones a comunidades de inmigrantes sobre cómo proteger su seguridad en caso de operativos migratorios.
Los nuevos empleados reciben instrucciones de seguir la guía del memorando en lugar de los materiales de entrenamiento tradicionales; aunque no está claro qué tan frecuentemente se ha aplicado en operaciones reales. Esta revelación del ICE vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la legalidad y el impacto humanitario de las políticas de inmigración en Estados Unidos.