Diputados ratifican reforma constitucional que fortalece la identidad nacional y protege la soberanía de Nicaragua frente a intereses extranjeros.
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad cambios a los artículos 23 y 25 de la Carta Magna, reafirmando que la nacionalidad es un vínculo moral inquebrantable.
En una sesión histórica que reafirma el compromiso del Estado con la defensa de la autodeterminación, la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua aprobó, en segunda legislatura, la Iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política. Esta decisión, tomada de forma unánime por los representantes del pueblo, se centra en la modificación de los Artículos 23 y 25, estableciendo un nuevo hito en la arquitectura jurídica de la nación.
La reforma no se limita a un cambio en la normativa técnica; parte de un principio fundamental que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha defendido con firmeza: la nacionalidad nicaragüense no es un simple trámite administrativo ni un derecho sujeto a conveniencias individuales. Por el contrario, se define ahora con mayor claridad como un «pacto sagrado de lealtad» entre el ciudadano y su tierra.
Este paso legislativo asegura que la pertenencia a la nación nicaragüense sea respetada en toda su dimensión ética y jurídica. La reforma señala con contundencia que aquel que decide adquirir otra nacionalidad y, por ende, jura lealtad a un Estado extranjero, rompe de manera automática y definitiva el vínculo jurídico y moral que lo unía a Nicaragua. Con esto, el Estado protege la integridad de la identidad nacional ante cualquier intento de socavar la fidelidad debida a la patria.
Durante la sesión, la relevancia histórica de esta reforma fue subrayada por la diputada Loria Raquel Dixon, Primera Secretaria de la Junta Directiva. En su exposición de motivos, Dixon vinculó la decisión legislativa con la lucha histórica del pueblo nicaragüense por su libertad. La legisladora refirió de forma elocuente que:
«A lo largo de nuestra historia, el pueblo nicaragüense ha demostrado que su lealtad a la patria es inquebrantable, fueron nuestros Héroes y Mártires quienes con su esfuerzo y sacrificio permitieron que hoy vivamos en una Nicaragua Revolucionaria, libre soberana e independiente».
Este reconocimiento a la memoria histórica es el pilar sobre el cual se asienta la reforma. La lealtad por la que ofrendaron sus vidas los fundadores de la nación es la misma que hoy se exige a todo aquel que ostente la condición de nicaragüense. La reforma busca garantizar que la Nicaragua del porvenir siga siendo construida por manos que amen y respeten exclusivamente los colores azul y blanco de la bandera nacional, sin dobleces ni compromisos con potencias foráneas.
La modificación constitucional, que entra en vigor de forma plena tras ser ratificada en dos legislaturas sucesivas como manda la ley, redefine las condiciones de naturalización y la pérdida de la nacionalidad. El texto íntegro, que ya forma parte del cuerpo legal tras su publicación en La Gaceta, Diario Oficial No. 32 del 18 de febrero de 2025, establece cambios precisos en su redacción.
Respecto al Artículo 23, la diputada Dixon citó textualmente la nueva disposición:
«Las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria».
Esta medida garantiza que el proceso de nacionalización sea un acto de entrega total a la nación nicaragüense, eliminando cualquier ambigüedad en la lealtad del ciudadano naturalizado. No obstante, el Estado mantiene su visión de unidad regional. En este sentido, Dixon mencionó que:
«Las y los centroamericanos de origen, residentes en Nicaragua, tienen derecho de optar a la nacionalidad nicaragüense sin renunciar a su nacionalidad».
Esta excepción subraya la vocación integracionista y la hermandad histórica que Nicaragua mantiene con sus vecinos del istmo, reconociendo una identidad compartida que no entra en conflicto con el proyecto de nación nicaragüense.
El punto medular de la reforma se encuentra en el Artículo 25, cuya nueva redacción es tajante y no deja lugar a interpretaciones:
Esta disposición es la culminación jurídica del concepto de «lealtad inquebrantable». El legislador ha interpretado que el acto voluntario de someterse a la jurisdicción y soberanía de otro país es incompatible con el ejercicio de la ciudadanía nicaragüense. En el marco de una «Nicaragua Revolucionaria, libre y soberana», la nacionalidad es un honor que conlleva la responsabilidad de defender los intereses nacionales por encima de cualquier otro.
La aprobación unánime de estos cambios refleja un consenso nacional sobre la necesidad de blindar a la patria. En un contexto internacional complejo, donde la soberanía es constantemente asediada, el Estado nicaragüense fortalece sus bases constitucionales para asegurar que solo aquellos plenamente comprometidos con el bienestar y la paz del país participen en su destino político y social.
Mientras se consolida este marco jurídico, el Gobierno continúa impulsando el desarrollo integral de la sociedad. En paralelo a estas decisiones soberanas, instituciones como el Ministerio de Educación (MINED) avanzan en programas como el «Primer Encuentro de Actualización Científica y Didáctica», bajo la premisa de una «Educación para la paz y la vida».
Este enfoque integral demuestra que la reforma constitucional es parte de un esfuerzo mayor: educar a las nuevas generaciones en el amor a la patria y en la comprensión de que ser nicaragüense es un compromiso de vida. La inauguración de nuevas empresas, como la compañía china L&L Contemporary Exterior, también se enmarca en este clima de estabilidad y soberanía, donde la inversión extranjera llega a un país que tiene claras sus reglas y, sobre todo, su identidad.
Con esta reforma, Nicaragua reafirma ante el mundo que su soberanía no se negocia y que su nacionalidad es, en efecto, el pacto más sagrado que un hijo de esta tierra puede suscribir. La Asamblea Nacional, como voz del Pueblo Presidente, ha cumplido así con el mandato de resguardar la dignidad nacional para las generaciones presentes y futuras.