El despliegue involucró a fuerzas federales y a la policía de la ciudad.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su tercer informe sobre el despliegue de fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei y Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires.
El documento revela un incremento sistemático y selectivo de la represión contra movilizaciones sociales, con especial impacto en jubilados, trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y menores de edad.
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Según el relevamiento, de las 139 movilizaciones monitoreadas entre 2024 y 2025, en 51 se registraron eventos represivos, lo que representa un 37 por ciento del total, mientras que la violencia estatal se duplicó en ese período pasando de afectar a 17 protestas, lo que representa un 28 por ciento, en 2024 a 34, siendo un 43 por ciento, en 2025.
“La represión ha sido sistemática pero selectiva, a partir de una política planificada y repetida que tiene por objeto limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de la disidencia”, señala el informe.
Los datos muestran un aumento alcanzando un total de 2.585 lesionados en dos años, donde destacan 155 adultos mayores afectados en 2025, número que manifiesta cuatro veces más que en 2024, y cinco niños y adolescentes, de entre 4, 8, 13, 14 y 16 años respectivamente, expuestos a gas spray irritante. Además, 184 trabajadores de prensa fueron alcanzados por la represión en 2025, casi el doble que en 2024.
El informe detalla el uso de armas con postas de goma disparadas a quemarropa, granadas de gas lacrimógeno lanzadas con escopetas-morteros en trayectoria recta que es un armamento prohibido por protocolos internacionales, disparos cinéticos con pistolas Byrna, agua a presión y golpes con bastones y tonfas. El 12 de marzo de 2025 marcó el operativo represivo más grave registrado donde 672 personas resultaron heridas, incluidos Jonathan Leandro Navarro y Rodrigo Troncoso, quienes perdieron la visión de un ojo por impactos de balas de goma, y el fotógrafo Pablo Grillo sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica tras ser alcanzado por una granada de gas lacrimógeno.
Las detenciones arbitrarias aumentaron un 77 por ciento, pasando de 93 en 2024 a 165 en 2025, siendo muchas durante la desconcentración de marchas y en donde entre los detenidos hubo jubilados, vendedores ambulantes, personas en situación de calle y periodistas. El despliegue involucró a fuerzas federales y a la policía de la ciudad, con tareas de inteligencia ilegal en el 69 por ciento de las marchas y uso de armas de fuego con balas de plomo en el 78 por ciento de los operativos, pese a estar prohibidas en contextos de protesta.
La CPM presentó 37 denuncias penales y alertó sobre el incumplimiento sistemático del deber estatal de garantizar manifestaciones pacíficas, así como del marco legal sobre uso de la fuerza. Critica también la ampliación de facultades discrecionales mediante la resolución 943/2023, conocida como «protocolo antipiquetes”, y la falta de investigaciones judiciales adecuadas en este tipo de situaciones.