La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convocó al pueblo hondureño a una movilización nacional y pacífica en las inmediaciones de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, ante la denuncia de un presunto golpe de Estado y golpe electoral en curso, que afirmó cuenta con la participación del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, y la injerencia directa de Estados Unidos.
La convocatoria, difundida por el Partido Libertad y Refundación (Libre) y respaldada por organizaciones sociales, juveniles, populares y obreras, llama a defender el orden constitucional, la democracia y el mandato popular, frente a lo que el Gobierno califica como una operación orientada a desconocer la voluntad expresada en las urnas en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
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En un mensaje publicado posteriormente, en la red social X, la mandataria aseguró que información de inteligencia verificada revela un plan para proclamar de manera ilegítima un ganador electoral sin que se haya realizado el recuento voto por voto de la totalidad de las actas, una demanda sostenida por sectores políticos y sociales del país.
Castro denunció que el indulto otorgado por el presidente Donald Trump al exmandatario Juan Orlando Hernández forma parte de una estrategia de presión e intervención en los asuntos internos de Honduras, y alertó que dicho exgobernante pretendería ingresar al país para validar un resultado electoral fraudulento, en favor del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
“El golpe electoral se construyó con miedo, amenazas y fraude”, señaló el Partido Libre, al denunciar la manipulación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el terrorismo mediático y la intromisión extranjera como elementos centrales de una agresión contra la soberanía nacional.
Ante este escenario, la Presidenta solicitó el respaldo consciente, firme y pacífico del pueblo hondureño, y convocó a una concentración masiva para hacer visible ante la comunidad internacional que en Honduras se intenta gestar un nuevo quiebre institucional, a casi 16 años del golpe de Estado de 2009.
La jefa de Estado subrayó que su Gobierno debe concluir su mandato constitucional el próximo 27 de enero y advirtió que cualquier intento de alteración del orden democrático será enfrentado con movilización popular y apego a la legalidad.
En respuesta a las denuncias, las FF.AA. expresaron públicamente su lealtad a la Presidenta y a la Constitución, descartando cualquier participación en acciones desestabilizadoras. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosvelt Hernández, afirmó que “aquí no va a haber ningún golpe” y aseguró que la institución militar garantizará la estabilidad y la alternabilidad democrática.
El alto mando castrense advirtió además que cualquier miembro de las FF.AA. involucrado en conspiraciones será separado de la institución, y reiteró que el Ejército hondureño no volverá a protagonizar rupturas del orden constitucional.
Las elecciones generales celebradas en Honduras el 30 de noviembre de 2025 se desarrollaron en medio de una tensa contienda multipartidista y acusaciones previas de injerencia extranjera y fragilidad institucional, con tres candidatos principales disputando la Presidencia.
Desde antes y durante el proceso electoral, el ambiente estuvo marcado primero por denuncias de maniobras de la derecha para alterar los resultados y sabotear los comicios, y después por denuncias de irregularidades técnicas y demoras prolongadas en el conteo de votos, con inconsistencias reportadas en cerca del 14-15% de las actas, lo que ha obligó a un escrutinio especial de miles de registros para verificar resultados finales.
Las autoridades electorales hondureñas han atribuido parte de la lentitud a “errores técnicos”, situación que generó incertidumbre y protestas en diversas regiones del país.
Trump respaldó públicamente a Nasry Asfura en la recta final de la campaña, intervención que fue inusual en la política regional y que incluyó advertencias de posibles recortes de ayuda a Honduras si su candidato preferido no resultaba victorioso, además de calificativos duros contra otros aspirantes.
Ese respaldo fue interpretado por sectores de la izquierda hondureña y otros observadores como una intromisión política directa en el proceso electoral. La candidatura de Rixi Moncada, exministra de Defensa y aspirante del Partido Libre, representaba la continuidad del proyecto progresista en el poder. El tercer lugar que llevaba en el cómputo de votos amañado fue calificado por ella misma y por el liderazgo de Libre como un resultado afectado por manipulaciones del sistema electoral y por la presión política externa.
Moncada y su partido exigen la nulidad del escrutinio y un recuento voto por voto en todas las juntas receptoras, argumentando fallas en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y una “adulteración” de la voluntad popular, denuncias que han sido presentadas formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El prolongado atraso en la publicación de resultados y las acusaciones cruzadas de fraude, fallos técnicos del sistema y presiones políticas internas y externas han sumido al país en una fase de disputa postelectoral, con protestas en las calles y reclamos de transparencia y rescate de la confianza democrática.