Al menos 15 reclusos murieron en la Penitenciaría del Litoral en Ecuador, entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre, así lo confirmó este lunes el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Las muertes, que afectaron a internos de distintos pabellones y edades (entre 22 y 65 años), se encuentran bajo investigación. Si bien la causa oficial debe ser determinada por Medicina Legal, la información preliminar apunta a posibles complicaciones de salud, ya que la policía señaló que no se encontraron signos visibles de violencia, como heridas de proyectil o arma blanca.
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Los nuevos fallecimientos agravan la crisis humanitaria en el centro penitenciario, considerado el más poblado y peligroso de Ecuador, que alberga entre 6.000 y 7.000 presos. La situación ocurre en medio de una crisis sanitaria documentada, marcada por brotes de tuberculosis, casos de desnutrición extrema (caquexia) y una saturación en el área médica.
Organizaciones de derechos humanos y la Defensoría del Pueblo han alertado sobre una alta tasa de mortalidad. A los decesos recientes se suman los reportados previamente, incluyendo doce muertes por tuberculosis y desnutrición solo en lo que va del mes y otras diez en noviembre, todas ocurridas en el mismo centro penitenciario por causas similares.
A inicios de 2025, el Ministerio de Salud (MSP) reconoció que había más de 1.100 casos de tuberculosis en las cárceles del país, con la mitad concentrados en la Penitenciaría del Litoral. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil denunció que solo en lo que va del año al menos 590 internos han perdido la vida en la Penitenciaría del Litoral.
El CDH atribuye esta cifra directamente a la degradación de las condiciones de vida dentro del centro, citando la falta de alimentación adecuada, atención y medicamentos, y la ausencia de condiciones higiénicas para los reclusos.
En respuesta a la crisis y a la falta de atención médica, un juez constitucional aceptó parcialmente una acción de protección el pasado 11 de diciembre, declarando la violación de derechos fundamentales de los internos (seguridad jurídica, integridad personal, salud, alimentación y rehabilitación).
Como medida de reparación integral y urgente, el magistrado ordenó la instalación de una mesa de emergencia penitenciaria entre varias instituciones y dispuso al Estado ecuatoriano establecer políticas públicas y protocolos de atención de salud en un plazo de seis meses.
La crisis sanitaria y de abandono se suma a la ola de violencia carcelaria que aqueja a Ecuador desde 2021, la cual ha resultado en más de 500 presos asesinados en masacres vinculadas a enfrentamientos entre bandas rivales.
Actualmente, en el marco del «conflicto armado interno» declarado por el Gobierno contra el crimen organizado, las fuerzas policiales y militares mantienen la vigilancia en todas las cárceles del país, consideradas puntos centrales de la violencia.