Con esta condena, queda inhabilitado para participar en las elecciones del 2026.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras intentar disolver el Congreso de la República en un acto que buscaba, según la justicia, dar un golpe de Estado.
La Fiscalía de la Nación había solicitado inicialmente 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero finalmente ajustó su pedido a 11 años, 5 meses y 15 días, después de que Castillo fuera absuelto de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad.
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Los jueces consideraron que no hubo rebelión propiamente dicha, ya que no se produjo un alzamiento armado, sino una tentativa liderada por altas autoridades.
Asimismo, los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres también fueron sentenciados. Chávez, asilada en la Embajada de México en Lima, recibió la misma condena que Castillo, mientras que Torres, por su condición de persona octogenaria, fue sentenciado a seis años y ocho meses.
Durante la lectura de la sentencia, la jueza Norma Beatriz Carbajal Chávez indicó que Castillo intentó “suprimir el régimen constitucional” al disolver el Congreso de manera inconstitucional. El presidente de la Sala Penal Especial, José Antonio Neyra Flores; aseguró que el exmandatario buscó “huir a la embajada de México” tras su mensaje del 7 de diciembre de 2022 para evadir la justicia.
Castillo también está inhabilitado por dos años para ejercer cargos públicos y acumulaba 18 meses de prisión preventiva, mismos prorrogados por el Poder Judicial ante el riesgo de fuga. Previamente, la Comisión Permanente del Parlamento recomendó inhabilitarlo por 10 años; decisión que ratificará el pleno.
El 7 de diciembre de 2022 marcó el fin de su gobierno, cuando intentó disolver el Congreso antes de enfrentar su tercera moción de vacancia; acto desacatado por militares y policías por considerarlo inconstitucional. Desde el inicio del proceso, Castillo ha sostenido su inocencia, posición que reiteró en los alegatos finales del juicio el 21 de noviembre pasado.