El Diario Nica

Condenan al expresidente peruano a 14 años de cárcel

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020) fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

La presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, Fernanda Ayasta, declaró probado que Vizcarra propuso y recibió una coima (soborno) de un millón de soles de la empresa Obrainsa para adjudicarle el proyecto agrícola Lomas de Ilo en 2013.

Puedes leer: Golpe de Estado en Guinea-Bisáu

Además, el Juzgado concluyó que sea inhabilitado por 9 años de ejercer cargo público y deberá pagar una multa de 730 días, lo que equivale a 130 soles de pago diario, que equivale al monto total de 94.900 soles (unos 30.000 dólares).

Vizcarra, fue recibido en la sede judicial por decenas de simpatizantes del partido Perú Primero, fundado por el exmandatario con miras a las elecciones generales del próximo año, quienes colocaron pancartas en las que proclamaban al exgobernante como su candidato a presidente, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso por tres veces.

Asimismo, sus seguidores también criticaron una supuesta persecución política contra Vizcarra para truncar sus deseos de ser nuevamente jefe de Estado o de tentar un asiento en el Parlamento.

Vizcarra, está acusado de presuntamente haber recibido un total de unos 2,4 millones de soles (unos 710.000 dólares) de las constructoras ICCGSA por la construcción del Hospital de Moquegua y de Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, lo que para la Fiscalía merece una pena de 15 años de cárcel, conforme han solicitado a los jueces.

El exmandatario sostiene que este juicio es parte de una persecución para sacarlo del escenario político por parte de las fuerzas conservadoras que ahora dominan el Congreso, las mismas que lo destituyeron a finales de 2020, en un acto interpretado por Vizcarra y sus seguidores como una represalia por haber cerrado el Parlamento un año antes, al obstruir sus reformas política y judicial.