Las elecciones presidenciales están previstas a realizarse el 30 de noviembre.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó a las Fuerzas Armadas (FFAA) ponerse a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para custodiar el proceso de comicios del próximo 30 de noviembre y neutralizar una conspiración para alterar los resultados.
En su carácter de Comandante General, la mandataria fundamentó la decisión en el cumplimiento de la Constitución y la Ley Electoral para garantizar la seguridad del material, la transparencia en la transmisión de actas y, fundamentalmente, el respeto a la voluntad popular.
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La medida responde a la denuncia de un plan que la propia presidenta calificó como un intento de «golpe electoral». La Fiscalía reveló la existencia de audios que evidencian una «conspiración criminal en marcha para manipular el transporte electoral, interferir en la transmisión de resultados y alterar la voluntad popular», según detalla un comunicado oficial.
Castro, enfatizó que «ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del Pueblo o alterar la paz democrática será tolerado».
La denuncia fue expuesta públicamente por la candidata presidencial del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada. «Los vencimos porque descubrimos su perverso plan, su gran patraña para robarse nuevamente las elecciones», aseveró Moncada durante un acto en San Pedro Sula.
La aspirante presidencial vinculó la conspiración actual con el fraude electoral de 2017, cuando «bajaron el sistema de transmisión por más de 72 horas y nos quitaron el resultado de 5.000 actas». Aquel evento, que favoreció la reelección del entonces presidente Juan Orlando Hernández, desató una grave crisis política en el país.
En respuesta a la denuncia, las Fuerzas Armadas informaron sobre el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. En un comunicado, la institución castrense reafirmó su compromiso con el Estado de derecho y el respeto a la voluntad popular, asegurando que actuará con estricto apego a la Constitución.
Por su parte, la presidenta Castro garantizó un «proceso electoral limpio, libre, transparente, seguro y verificable, donde el voto del Pueblo será respetado y ninguna estructura fraudulenta ni operación de injerencia criminal digital o manipulación cibernética prosperará».
Este despliegue militar en el contexto electoral es inusual y ha generado atención tanto nacional como internacional. El gobierno sostiene que se trata de una medida preventiva para proteger la democracia, mientras que sectores opositores podrían interpretarlo como una militarización del proceso electoral.
