Una decisión que ha generado controversia por su rapidez y falta de transparencia.
El Ministerio de Defensa de Alemania ha aprobado, prácticamente a ciegas, contratos con tres fabricantes para el suministro de unos 12.000 drones kamikaze a la Bundeswehr (Ejército alemán) por valor total de unos 900 millones de euros (más de 1.000 millones de dólares), informan Bild y Financial Times.
Las negociaciones se llevaron a cabo con Helsing, Stark y Rheinmetall y se prevé que cada empresa reciba 300 millones de euros (unos 340 millones de dólares) por el contrato.
Puedes leer: Honduras activa las FF.AA. para frenar golpe electoral
Personas familiarizadas con el asunto señalaron que, a finales de octubre, se llevaron a cabo en un campo de pruebas de la ciudad de Münster ensayos secretos de los drones que los tres fabricantes pretenden suministrar. Según detallaron, se realizaron un total de 19 vuelos de prueba: 17 por Helsing y 2 por Stark.
Todos los vuelos de los aparatos de la primera compañía se consideraron exitosos. Sin embargo, la prueba de los drones de Stark fracasó: uno erró su objetivo por más de 150 metros, mientras que el segundo perdió completamente el control y se estrelló en un bosque cercano.
Las Fuerzas Armadas alemanas declinaron hacer comentarios al respecto, alegando la protección de «intereses de seguridad». Al mismo tiempo, un portavoz del Ministerio de Defensa aseguró que «todos los fabricantes se someten al mismo proceso de calificación/certificación, que incluye aspectos como el ‘software’, la seguridad de la munición, la facilidad de uso, la idoneidad operativa y la documentación».
Este tipo de drones están diseñados para sobrevolar zonas de combate y atacar objetivos específicos mediante autodestrucción, lo que los convierte en herramientas tácticas de alta precisión pero también en armas controvertidas por su naturaleza autónoma y destructiva.
La compra se enmarca en un contexto de creciente tensión geopolítica en Europa y de esfuerzos por modernizar las capacidades militares alemanas, especialmente tras el inicio de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la rapidez con la que se ha aprobado este contrato ha generado inquietud entre algunos sectores políticos y de la sociedad civil, que exigen mayor transparencia y control parlamentario en decisiones de este calibre.