Estará vigente por 30 días más.
El Salvador ha extendido su régimen de excepción, para continuar con la lucha contra las pandillas.
La prórroga número 44, que se extiende desde el 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa con el apoyo de 57 de los 60 diputados. Esta medida, promovida por el partido del presidente Nayib Bukele, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de tres días, que pasa a 15 días.
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El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que llevó a la detención de cerca de 90,000 personas bajo acusaciones vinculadas a la actividad de las pandillas.
Según la Asamblea, desde la puesta en marcha de la medida legal hasta este 28 de octubre, el país ha acumulado 1.046 días sin homicidios y ha logrado la captura de 89.875 pandilleros.
Controversia: Las organizaciones nacionales e internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia.
El gobierno justifica la medida por la persistencia de grupos criminales que, según el decreto legislativo, aún representan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, el debate sobre el impacto en los derechos civiles continúa siendo intenso dentro y fuera del país.
Desde la perspectiva oficial, el régimen de excepción ha permitido liberar territorios del control de pandillas y reducir los homicidios. Pero desde el ámbito de la sociedad civil y organizaciones internacionales, la medida viene acompañada de una fuerte merma en las garantías constitucionales, tales como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y el control judicial de las detenciones. Por ejemplo, Inter-American Commission on Human Rights?(IACHR) advierte que algunas reformas legales impuestas bajo este régimen “permiten la aplicación automática de prisión preventiva” y suprimen mecanismos de supervisión, lo cual contraviene el marco interamericano.