Preocupación por las condiciones que impiden el ejercicio de la democracia.
A 110 días del final de su mandato y bajo presión internacional, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) anunció una serie de medidas que pretenden garantizar la celebración de elecciones en un plazo poco probable.
Desde que asumió la presidencia del CPT en agosto de este año, Laurent Saint-Cyr ha multiplicado las declaraciones sobre la preparación en curso de las elecciones en el país. Según él, ya se han desbloqueado 65 millones de dólares y el 85 % de los centros de votación ya han sido identificados por el Consejo Electoral Provisional, que, de paso, cambió de presidente. Detrás de las cifras y medidas, subyace la necesidad de tranquilizar a los acreedores internacionales que apoyaron la creación del CPT, en abril de 2024, asignándole la doble misión de restablecer la seguridad y la democracia en el país en un plazo de 22 meses.
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El problema es que ya han pasado 18 meses sin que se haya hecho nada ni por un lado, ni por el otro. De tal manera que la ONU no oculta su escepticismo. «El tiempo pasa. Me preocupa la falta de una trayectoria clara hacia el restablecimiento de la gobernanza democrática», declaró el jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el miércoles 22 de octubre, ante el Consejo de Seguridad.
Tres días después, el Consejo de Ministros haitiano anunciaba el abandono de un proyecto de nueva Constitución que el Gobierno aún pretendía adoptar por referéndum antes de atreverse a organizar las elecciones. El texto, que era visto por el campo progresista como un retroceso con respecto a la Constitución actual, nació muerto con la justificación de acelerar el calendario. Los cinco millones de dólares gastados en su elaboración no serán devueltos al pueblo. La atención se centra ahora integralmente en la supuesta renovación democrática del Poder Ejecutivo.
Si bien el fracaso del proyecto de nueva Constitución fue recibido con alivio, hay varios factores que preocupan a las organizaciones y movimientos populares haitianos. El primero de ellos es la evidente falta de tiempo para llevar a cabo adecuadamente todas las etapas de un proceso electoral, más aún con una población que lleva casi 10 años sin poder ejercer su derecho al voto. Es necesario actualizar los centros de votación y los registros de votantes, sobre todo en lo que respecta a los 1.4 millones de refugiados internos que huyeron de sus hogares a causa de la violencia.
El segundo motivo de inquietud es la propia situación del país, asolado por bandas armadas que controlan las principales carreteras y siembran el terror en las regiones más pobladas. Elysée Luckner Vil, miembro de la coordinación del Movimiento Democrático Popular (Modep), comparte las dudas de muchos ciudadanos haitianos: «Los dos departamentos con más votantes del país, el Oeste y Artibonite, son los que más sufren la presión de las bandas. El Oeste es el corazón político, donde se encuentra la capital. ¡Imaginen qué tipo de elecciones se pueden organizar con los bandidos al mando!».
Queda por ver, entonces, hasta qué punto vale la pena forzar un proceso electoral caduco para mantener las apariencias de normalidad. En este sentido, la insistencia de EE.UU. y de las propias Naciones Unidas en mantener el plazo establecido, aun conociendo la situación del país y la falta de garantías democráticas, plantea una serie de interrogantes. La mayoría de las organizaciones populares contrarias a esta imposición de agenda consideran que estas elecciones solo servirían para poner una máscara de legitimidad sobre un Gobierno cómplice de intereses extranjeros.