Esto incluye desde videos informativos hasta transmisiones en vivo y publicaciones educativas.
En China, el gobierno ha implementado nuevas regulaciones que transforman por completo el panorama de los creadores de contenido en redes sociales. A partir de ahora, los influencers y comunicadores digitales que deseen hablar sobre temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán demostrar que cuentan con formación o certificaciones profesionales en esas áreas.
Según la normativa emitida por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), las plataformas digitales estarán obligadas a verificar las credenciales de quienes publiquen contenido considerado “profesional o especializado”, con el fin de garantizar que la información compartida sea veraz, respaldada y confiable.
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El gobierno chino sostiene que la medida busca combatir la desinformación y proteger al público de consejos erróneos o fraudulentos, un fenómeno que ha crecido con el auge de los influencers y las redes de video corto. Sin embargo, la decisión también ha despertado debate dentro y fuera del país, ya que algunos observadores consideran que podría limitar la libertad de expresión y reforzar el control estatal sobre los discursos digitales.
En plataformas como Weibo y Douyin —la versión china de TikTok—, miles de creadores expresaron su preocupación por el impacto de estas restricciones. Algunos temen que el proceso de verificación sea lento o arbitrario, mientras que otros celebran la medida como un paso necesario para mejorar la calidad de la información en línea.
Sin embargo, esta medida también ha abierto un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en internet, pues muchos temen que pueda convertirse en un mecanismo de control o censura.
En un mundo donde cualquiera puede autoproclamarse experto de la noche a la mañana, China ha marcado una postura firme:
“Si vas a enseñar, primero demuestra que sabes.”
Este cambio refleja una tendencia más amplia en China, donde las autoridades han buscado en los últimos años regular el contenido digital y fortalecer el control sobre los algoritmos y los discursos públicos. Expertos advierten que, si bien la medida tiene un objetivo legítimo en términos de responsabilidad informativa, también podría usarse para supervisar más estrictamente las opiniones independientes o críticas dentro de ciertos temas sensibles.