Francia atraviesa una intensa crisis política y de gobernabilidad desde hace varios meses, con dimisiones de dos primeros ministros, protestas masivas a lo largo de todo el país, conflictos institucionales y la oposición pidiendo nuevas elecciones legislativas anticipadas e incluso la renuncia del presidente Emmanuel Macron.
La crisis se desencadenó durante el verano, cuando el entonces primer ministro François Bayrou presentó el proyecto de presupuesto para 2026, que preveía reducciones por un total de 44.000 millones de euros (unos 51.000 millones de dólares).
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La propuesta, que el ex primer ministro consideraba necesaria para controlar el déficit estatal y la deuda pública, incluía medidas impopulares, como eliminar ciertos días festivos y recortes al gasto público, lo que provocó el rechazo de amplios sectores de la sociedad, sindicatos y la oposición.
En este contexto, a principios de septiembre, Bayrou se sometió a una moción de confianza en la Asamblea Nacional, convocado por él mismo, en la que no logró obtener el apoyo necesario. Tras perder la votación con 364 votos en contra, 194 a favor y 25 abstenciones, presentó su renuncia el 9 de septiembre tras ocho meses al frente del Gobierno.
Ante el descontento social y bajo el lema ‘Bloqueemos todo’, en el país se convocaron huelgas, paros de actividades y manifestaciones que se intensificaron tras la caída de Bayrou. En septiembre, miles de franceses salieron a las calles para protestar contra la posibilidad de recortes al gasto público y pedir la renuncia de Macron.
Asimismo, los principales sindicatos del país de sectores esenciales como la educación, la sanidad y el transporte público también realizaron una huelga general masiva en respuesta a las restricciones económicas y la política presupuestaria impulsadas por el Gobierno.