La Casa Blanca no ha emitido una justificación oficial sobre un eventual uso de la Ley de Insurrección.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a mencionar recientemente la posibilidad de recurrir a la «Ley de Insurrección» ante el aumento de protestas en varias ciudades del país, un instrumento legal que le permitiría desplegar tropas federales en territorio nacional. La mera amenaza de aplicarla ha reactivado un debate histórico sobre los límites del poder presidencial y el riesgo de militarizar la seguridad interna.
En sus declaraciones a la prensa, Trump ha afirmado que podría aplicarla si los gobernadores o los tribunales «obstruyen« sus órdenes de despliegue. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Protect Democracy advierten que una decisión así podría ser «peligrosa» al debilitar los controles democráticos sobre el poder presidencial.
Promulgada originalmente en 1807 y modificada entre 1792 y 1871, la normativa otorga al mandatario la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas para «restablecer el orden» cuando las autoridades civiles no puedan hacerlo. Según el Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista con sede en Nueva York, se trata de uno de los poderes de emergencia más amplios y vagamente definidos del sistema estadounidense.
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En circunstancias normales, la Ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército participe en funciones policiales. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción. El texto no define claramente qué constituye una insurrección, lo que deja un amplio margen a la discreción presidencial, advirtió el Brennan Center en un análisis publicado en 2022 y actualizado en junio de 2025, cuando Trump retomó el tema.
La norma contempla tres escenarios: puede aplicarse a pedido de un estado que solicite asistencia federal; por decisión del presidente si considera que la ejecución de las leyes es impracticable por medios ordinarios; o para proteger derechos constitucionales cuando las autoridades estatales «no pueden o no quieren» hacerlo.
La última vez que se invocó fue en 1992, cuando el entonces presidente George H. W. Bush respondió al pedido de California ante los disturbios de Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías que golpearon brutalmente al taxista Rodney King. En décadas anteriores, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy también apelaron a la ley para garantizar la integración escolar tras el histórico fallo de la Corte Suprema en el caso Brown contra el Consejo de Educación (1954).