Representantes del estado de Illinois, han presentado una demanda contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, para detener el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago.
Illinois se suma a los estados gobernados por demócratas que se oponen a la militarización de ciudades que impulsa el mandatario en medio de su campaña de redadas masivas contra inmigrantes.
La demanda argumenta que «estos avances en la guerra declarada desde hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos«. El gobernador del estado, el demócrata JB Pritzker, ha anunciado que la audiencia judicial sobre el tema está programada para el jueves.
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«Donald Trump está utilizando a nuestros militares como accesorios políticos y como peones en su esfuerzo ilegal por militarizar las ciudades de nuestra nación», declaró Pritzker. «Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad», escribió en su cuenta de X.
La imagen de agentes federales de inmigración armados realizando detenciones cerca de lugares emblemáticos de Chicago amplificó la preocupación de los habitantes locales, ya inquietos por la campaña de represión migratoria que comenzó el mes pasado. Los agentes se han centrado en zonas con alta densidad de extranjeros, en su mayoría latinos.
Mientras tanto, la jueza de distrito Karin Immergut, denegó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland (Oergón) en dos ocasiones el pasado fin de semana, a lo que el presidente respondió que estaría dispuesto a utilizar la Ley de Insurrección, si fuera necesario, para proteger los edificios federales y llevar a cabo sus operaciones.
Trump considera necesario al Ejército para combatir la violencia contra los agentes federales de inmigración. A solo unas horas del primer bloqueo judicial el sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó la movilización de cientos de efectivos de la Guardia Nacional desde California y Texas hacia Illinois y Oregón.
Durante una inusual audiencia telefónica celebrada el domingo por la noche, Immergut afirmó que las maniobras de la Administración Trump, que sostiene que el estado de Oregón ha sido tomado por «terroristas internos» de izquierda, parecían ser un intento deliberado de eludir su decisión inicial.
«Me preocupa mucho saber que ahora se está enviando a Oregón a la Guardia Nacional de California y Texas, lo que parece contravenir directamente mi orden», declaró. La jueza calificó los últimos despliegues como una violación de la ley federal y de la Décima Enmienda, que protege la soberanía de los estados.
La Ley de Insurrección de 1807 es una ley federal que permite al presidente desplegar el Ejército de Estados Unidos a nivel nacional o federalizar las tropas de la Guardia Nacional estatal para sofocar lo que el presidente considere una insurrección contra el país.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó este lunes una demanda contra Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y otros líderes locales y nacionales. Se les acusa de impulsar una campaña de violencia e intimidación contra manifestantes pacíficos.