La prohibición de inaugurar obras públicas entró en vigor en Honduras, este 1 de octubre, tras su aprobación en el Consejo Nacional Electoral (CNE). La disposición, clave para garantizar la equidad entre las organizaciones políticas participantes en los comicios, se extiende durante los dos meses previos a las elecciones generales, previstas para el 30 de noviembre.
La normativa electoral hondureña establece claramente que durante los 60 días anteriores a las votaciones, quedan suspendidos actos de inauguración, ceremonias o eventos oficiales.
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Según el comunicado del árbitro electoral, se prohíbe específicamente a las autoridades del gobierno central y alcaldías locales, la presentación o entrega de obras financiadas con fondos estatales. El objetivo es evitar que los recursos y los logros de la gestión pública se utilicen como propaganda electoral en beneficio de los funcionarios o partidos en el poder.
En CNE advirtió también sobre las sanciones para candidatos, funcionarios y empleados públicos que vulneren esta disposición, entre ellas la multa equivalente a dos salarios mensuales, monto que se duplica drásticamente en caso de reincidencia. Adicionalmente, el incumplimiento podría acarrear la destitución de sus cargos.
No obstante, dicha prohibición recae de manera exclusiva sobre los actos inaugurales y su difusión mediática, mas no sobre la ejecución o la culminación de los proyectos en sí mismos, los cuales deben continuar su curso normal.
El organismo electoral sí permitirá la difusión de campañas institucionales de gobierno, siempre y cuando estas eviten por completo la aparición de imágenes, nombres, voces o firmas de funcionarios, partidos políticos o candidatos.
La autoridad exhortó al cumplimiento estricto de esta disposición, subrayando que es un pilar indispensable para garantizar que el país celebre unas elecciones generales libres, democráticas y justas, reflejo de la voluntad popular.
Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas, el último domingo de noviembre. La contienda electoral definirá el rumbo de la nación centroamericana, pues no solo se define la jefatura del Estado, sino los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.