Las autoridades mexicanas estiman que el país alberga unos 13 millones de armas sin registrar, en su mayoría traficadas desde el vecino territorio del norte.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un acuerdo con Washington denominado Cortafuegos (Firewall), para combatir el flujo masivo de armas ilegales a través de la frontera, que fortalecen al crimen organizado en ese país latinoamericano.
México sostiene que existe un tránsito ilegal de unas 200.000 armas de fuego desde Estados Unidos cada año, responsables de aproximadamente 30.000 muertes.
Puedes leer: Un sismo de magnitud 6,9 sacude Filipinas
Sheinbaum destacó que el 75 por ciento de las armas incautadas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 provenían de armerías legales en regiones fronterizas como Arizona, California y Texas, un dato respaldado por el Departamento de Justicia estadounidense.
«Por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México», puntualizó la mandataria, al tiempo que señaló que «durante años Estados Unidos no aceptó que este era un problema«.
El entendimiento bilateral, luego de varios meses de negociaciones, se centrará en la trazabilidad y el intercambio de información en tiempo real. El punto central es el fortalecimiento de las operaciones de las agencias del Gobierno de Estados Unidos en su propio territorio para impedir la salida de armas hacia México.
Asimismo, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del país norteño podrá recibir datos de armas incautadas en México a través de la base eTrace. Esto permitirá rastrear al fabricante y al vendedor de cada arma.
Ambos países realizarán inspecciones conjuntas, intercambio de información e intensificarán las investigaciones judiciales sobre el tráfico de armas. Por otra parte, las 32 entidades federativas mexicanas utilizarán tecnología de identificación balística para mejorar el rastreo.
La presidenta mexicana recordó la fallida operación «Rápido y Furioso» de 2009 acordada por el entonces mandatario Felipe Calderón (2006-2012) y su homólogo estadounidense, Barack Obama (2009-2017), en la que se intentó rastrear armas colocando chips, los cuales fueron inutilizados por los grupos delictivos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum exige el control del contrabando de armas mientras enfrenta un fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que desestimó una demanda contra los fabricantes de armas por «ayudar e instigar» este tráfico.