La Dirección General de Migración (DGM) de república dominicana anunció la repatriación de al menos 35.276 migrantes haitianos en el mes de agosto, que se suman a los más de 250.000 deportados entre enero y julio. En un último comunicado, también destacó que otros 115.000 habrían salido por voluntad propia en lo que va del año.
Estas cifras reflejan no solo un endurecimiento de la política migratoria, sino también una persecución social contra poblaciones vulnerables y negras que en muchos casos, migraron para huir de la violencia y el hambre.
En línea con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha convertido el discurso antimigratorio en una bandera ideológica, el actual Gobierno de la República Dominicana ha utilizado la estigmatización de los extranjeros en situación irregular como medio para promover el nacionalismo. Las persecuciones de carácter racista, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas ahora forman parte de la rutina de la DGM, que a principios de agosto se jactaba de “mantener una media de más de 30.000 expulsiones [de haitianos] al mes”.
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El colectivo Migración y Derechos Humanos, integrado por organizaciones dominicanas, presentó una serie de propuestas a su Gobierno con el objetivo de pensar la política migratoria desde un enfoque no solo humanizado, pero también económico y social. “Se trata de un fenómeno estructural que sostiene sectores esenciales de nuestra economía, como la construcción, la agropecuaria y el trabajo doméstico, cuya contribución ha sido históricamente invisibilizada y sobreexplotada”, alientan los voceros.
Katia Bonté, coordinadora de la organización haitiana Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), considera que los motivos que impulsan a las familias haitianas a emigrar a la República Dominicana son principalmente económicos o de seguridad. No es por voluntad propia, sino por “obligación” que familias enteras se arriesgan a cruzar la frontera ilegalmente todos los días. Muchas han perdido sus hogares a causa de la violencia y otras buscan un medio de subsistencia que no encuentran en Haití.
Al establecerse en la República Dominicana, a menudo de forma ilegal, ya que el país ya no concede visados a los haitianos, se enfrentan a otro clima de terror. “Muchos emigraron para huir de la violencia, pero, al llegar allí, se encontraron con otra forma de violencia. No es como la violencia de las pandillas que los hizo huir y quemar sus casas, sino que es una violencia psicológica, de humillación y discriminación por el color de la piel”.
Las denuncias de violaciones de DD.HH. han sido numerosas desde que el Gobierno dominicano decidió implementar su política de “deportación masiva” de extranjeros en situación irregular, en octubre de 2024. A lo largo de los últimos meses, migrantes haitianos han sido detenidos en la calle, en el trabajo, a la salida de la escuela, en el hospital o incluso en sus casas, por la noche. Amontonados en autobuses con rejas, fueron trasladados inmediatamente a la frontera, sin derecho a defensa, sin poder llevar ninguna pertenencia ni avisar a sus familiares. También hay casos de niños deportados sin ningún representante legal —más de 400 en junio, según un informe del GARR— y de mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz por cesárea, a las que la policía espera a la puerta del hospital para expulsarlas con su recién nacido en brazos. O incluso sin él.
Desde septiembre de 2022, no es posible obtener un visado para los ciudadanos haitianos y la frontera está oficialmente cerrada, con medidas de seguridad reforzadas. Aun así, el flujo migratorio no disminuye y algunos se aprovechan de la situación. Los coyotes cobran hasta 500 dólares por llevar a cada persona al otro lado y hay casos frecuentes de estafas, abusos, robos e incluso secuestros. Según Katia Bonté, la propia política de deportaciones del Estado dominicano alimenta la informalidad: “Una persona repatriada, que ha tenido que dejar todas sus pertenencias, su familia, sus hijos en la República Dominicana… no tiene otra idea en mente, al llegar a Haití, que volver allí. Y quien le ayuda a volver es el coyote”. Cada mes, entre 8.000 y 10.000 personas son interceptadas por la policía al intentar cruzar la frontera.
Los Gobiernos de Haití y la República Dominicana, firmaron un protocolo bilateral sobre los mecanismos de repatriación, que estableció una serie de condiciones y garantías para los ciudadanos de ambos países. Sin embargo, ni los acuerdos bilaterales ni las convenciones internacionales en materia migratoria tienen poder coercitivo. A pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la ONU por organizaciones de defensa de los derechos humanos, hay pocos recursos para presionar al Gobierno de Luis Abinader y exigir que cambie su política.
Por ello, el GARR y la Red Hemisférica por los Derechos de los Migrantes Haitianos (REDMA, siglas en criollo) consideran que es el propio Gobierno haitiano el que debe aportar una solución a sus ciudadanos. A corto plazo, es urgente crear estructuras de acogida en los cuatro puestos fronterizos para recibir a los repatriados. «En realidad, existe una Oficina Nacional de Migración, presente en algunos lugares, pero lo único que hace es contar a las personas, generar datos, pero no ofrece ningún servicio de emergencia, como alojamiento, comida, higiene… ¡Muchas veces, es ella misma la que envía a las personas a nuestros centros!», ironiza Katia Bonté. A largo plazo, pero no por ello menos urgente, se espera sobre todo que el Gobierno restablezca condiciones dignas de vida, seguridad, trabajo y estudio para la población. Sin estas garantías, como lo afirma Bonté, las familias seguirán abandonando el país, no por voluntad propia, sino “por obligación”.