Desde la medianoche del lunes 22 de septiembre, miles de comuneros indígenas y activistas de organizaciones sociales se encuentran activos y movilizados en una jornada de paro nacional contra las últimas decisiones del Gobierno neoliberal de Daniel Noboa.
La medida de fuerza tiene como objetivo principal exigir la derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, emitido por el presidente Noboa, que eliminó el subsidio al diésel y fijó su precio en USD 2,80 hasta finales de diciembre del mismo año.
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Además, piden que el Ejecutivo anule la decisión de aumentar el impuesto al valor agregado o IVA del 12 al 15%. También reclaman presupuesto digno para salud, educación y seguridad, en momentos donde los ajustes fiscales se traducen en una crisis sanitaria y de seguridad sin precedentes.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, denunció el hecho en sus redes sociales incursiones violentas de la fuerza pública y el desarrollo de una “brutal represión” contra los movilizados.
Varias localidades del país adhieren a la medida de protestas, que también solicitan la restitución de la sede del Ejecutivo a Quito, dado que actualmente se encuentra en la ciudad de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. De momento, la Conaie no se ha señalado si preparan una movilización hacia la capital del país, tal como lo hicieron en 2019 y 2022, cuando lideraron sendas protestas masivas contra los expresidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) y que lograron revertir la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Un amplio contingente de fuerzas policiales y militares, con escudos y armamento permanecen en las vías de ingreso a Latacunga. La presencia intimidante de uniformados se percibe como una amenaza directa a los manifestantes que se movilizan contra el Gobierno de Daniel Noboa, en el marco del paro nacional.
Desde hace tres décadas, el movimiento indígena ecuatoriano ha sido un actor clave en la política nacional. Sus movilizaciones no son un fenómeno nuevo, sino parte de un largo proceso de lucha por derechos, reconocimiento y justicia social que ha derrocado gobiernos, cambiado políticas y puesto en jaque al poder de turno.
En 1990, bajo el gobierno de Rodrigo Borja, se produjo el primer levantamiento masivo del movimiento indígena, exigiendo tierras, reconocimiento cultural y educación bilingüe. Tras una semana de protestas, se logró avanzar en la reforma agraria y entregar títulos de propiedad. En 1994, durante el mandato de Sixto Durán Ballén, las demandas giraron en torno a la reforma agraria para evitar la privatización de la tierra; tras cuatro días de paro, se firmaron acuerdos con reconocimiento de derechos colectivos.
El clímax llegó en 1997, cuando el movimiento exigió la renuncia del presidente Abdalá Bucaram debido a su gestión autoritaria y corrupta. Las protestas duraron cinco días y culminaron en su destitución por el Congreso, marcando un hito en la capacidad organizativa y política del movimiento indígena.
Este poder no se detuvo ahí. En enero de 2000, el paro masivo contra la dolarización y las políticas económicas de Jamil Mahuad derivó en su derrocamiento, junto con militares de bajo rango, convirtiéndose en un hito histórico para la CONAIE. En 2005, las protestas contra Lucio Gutiérrez —aunque no exclusivas del movimiento indígena— contaron con su fuerte apoyo y culminaron en su destitución por el Congreso.
La Rebelión de Octubre de 2019, bajo el gobierno de Lenin Moreno, fue un paro nacional por la eliminación del subsidio a combustibles. Tras 12 días de intensas protestas, el decreto 883 fue derogado. Sin embargo, en junio de 2022, durante el gobierno de Guillermo Lasso, se repitió el patrón: un paro de 18 días con un pliego de 10 demandas (entre ellas, reducción de precios y moratoria a la deuda agraria). Aunque se firmaron acuerdos, el gobierno incumplió sus compromisos, generando nuevo descontento.
Un patrón persistente: gobiernos implementan medidas antipopulares, el movimiento indígena se levanta, se abren mesas de diálogo, pero muchos acuerdos quedan sin ejecutar. Siempre, sus demandas giran en torno al bien común, con énfasis en temas económicos y sociales que siguen sin resolverse estructuralmente.
Un amplio contingente de fuerzas policiales y militares, con escudos y armamento permanecen en las vías de ingreso a Latacunga. La presencia intimidante de uniformados se percibe como una amenaza directa a los manifestantes que se movilizan contra el Gobierno de Daniel Noboa, en el marco del paro nacional.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que efectivos policiales ingresaron violentamente a viviendas de la comunidad Pijal, en el cantón González Suárez de Imbabura, y dispararon contra la población movilizada. Según el informe, durante los hechos se habría utilizado “armamento de guerra como fusiles de asalto”, y mostraron municiones letales. Según denuncian, la acción que puso “en grave riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos” de la comunidad.
La organización indígena hizo un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para que vigilen y denuncien lo que calificó como “brutal represión” en el marco del Paro Nacional 2025. La CONAIE aseguró que estas acciones convierten el “legítimo derecho a la resistencia en un escenario de guerra contra el pueblo”. Los hechos ocurren en medio de la creciente tensión por las movilizaciones a nivel nacional.
En el marco del Paro Nacional, la Comunidad Pijal, en la parroquia González Suárez (Imbabura), fue reprimida por la fuerza pública mientras ejercía su derecho a la protesta. La CONAIE denunció el uso desmedido de la fuerza contra comunidades que defienden sus derechos e incluso el ingreso de militares armados a las viviendas de humildes comuneros.
Ante la ocupación de su sede por funcionarios estatales, dirigentes de las organizaciones indígenas, entre ellos, Apawki Castro, anunciaron que realizarán una Asamblea en plena carretera para definir acciones frente a las medidas del Ejecutivo. Ratificaron que las movilizaciones continuarán hasta que el presidente Daniel Noboa devuelva la sede de la Presidencia a Quito y derogue el decreto que eliminó el subsidio al diésel.
Informa nuestra corresponsal, Elena Rodríguez: Indígenas y campesinos que participaban en las protestas en Imbabura y Cayambe denuncian una fuerte represión por parte de la fuerza pública. Testigos reportan el uso excesivo de la fuerza contra quienes se movilizan en rechazo a las medidas del Gobierno de Daniel Noboa.
Organizaciones indígenas y campesinas marchan en los alrededores de Latacunga en rechazo al Gobierno de Daniel Noboa. Entre pancartas y consignas, denuncian las mentiras del Ejecutivo y reafirman su descontento con las políticas oficiales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denuncia una “violenta represión al Pueblo Kichwa”, en la localidad de Otávalo, unos 90 kilómetros al norte de la capital, Quito.
La Confederación responsabiliza al Gobierno de Daniel Noboa de la seguridad de las personas y de las detenciones; a la vez que exigen el cese inmediato de la represión.