Muchos denuncian un clima de miedo, abusos y violencia por parte de las autoridades.
Las políticas migratorias en Estados Unidos han dado un giro drástico recientemente. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ejecutando deportaciones a un ritmo sin precedentes: casi 1.500 personas expulsadas cada día, una cifra que no se veía en más de una década.
La vida de la comunidad migrante en territorio estadounidense se ha convertido en una pesadilla por la dura política del Gobierno de Donald Trump.
El presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral la mayor operación de deportación de la historia de la nación. Pese a los desafíos judiciales y la oposición de algunos estados, parece que el mandatario está dispuesto a cumplir su palabra, cueste lo que cueste.
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La Casa Blanca inició el 8 de agosto el despliegue de centenares de fuerzas de seguridad en Washington D. C. con el objetivo de combatir el crimen. Sin embargo, a día 20, la mitad de las detenciones habían sido clasificadas por la Administración del presidente Donald Trump como de inmigrantes sin estatus legal. Muchas de esas detenciones se produjeron en controles de tráfico, donde la Policía ahora patrulla con agentes del ICE.
El caso en la capital ocurre justo después de las masivas redadas registradas en la ciudad de Los Ángeles, en California, donde más de 4.200 personas han sido arrestadas en tan solo dos meses y medio. Allí también abundan las denuncias de que el ICE utiliza métodos más que discutibles.
Según el diario The New York Times, ya en la primera semana de este mes las deportaciones alcanzaron casi 1.500 personas por día, un ritmo nunca registrado desde la administración Obama. Mientras, el número de cruces en la frontera es bajo, lo que supone que la mayoría de inmigrantes expulsados ya llevaban tiempo asentados en el país. El cambio en la tendencia asusta incluso a quienes residen de manera legal.
«Están deteniendo a quien sea que tenga la apariencia de hispano, de mexicano, sobre todo, de latinoamericano. A ellos no les importa quién sea. Primero hacen la acción y después averiguan. Y es porque ellos tienen una cuota que cumplir por instrucciones del Gobierno federal», explicó Emigdio San José, mexicano radicado en Los Ángeles.
Este endurecimiento ha generado protestas y preocupaciones, especialmente por arrestos de personas sin antecedentes criminales y por el impacto en comunidades vulnerables.