Este lunes, se cumplió cien días de detención ilegal para 252 ciudadanos venezolanos, quienes permanecen secuestrados y recluidos sin condena en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, diseñada originalmente para albergar a terroristas.
Fueron expulsados por causas migratorias, pero desde entonces no han sido procesados formalmente ni han tenido acceso a un juicio justo, lo que ha despertado condenas a nivel nacional e internacional, especialmente por parte de organismos de derechos humanos.
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El encierro, descrito como un «calvario» por activistas y familiares, se produce bajo un régimen de excepción, aplicado en este país centroamericano como una herramienta de combate al crimen organizado, pero que ahora se utiliza contra migrantes sin antecedentes penales.
Esta medida, considerada inconstitucional por algunos sectores, ha incomunicado totalmente a los detenidos, negando acceso incluso a sus abogados y parientes.
Las 252 familias de estos venezolanos, desde Caracas hasta Maracaibo, han levantado su voz durante semanas, exigiendo respuestas a los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha establecido ningún canal oficial de comunicación, y las condiciones de reclusión siguen rodeadas de opacidad.
Organizaciones sociales como el Bloque de Rebelión Popular, junto con un cuerpo de abogados contratados en Estados Unidos, han presentado diversos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Entre las acciones destacan habeas corpus, recursos de inconstitucionalidad y solicitudes de comunicación directa con los familiares, todos sin una resolución satisfactoria hasta la fecha.
El viernes pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una respuesta parcial a algunos de los recursos, pero los abogados aseguran que fue meramente formal.
Este sábado, en un nuevo intento por romper el cerco de silencio, el equipo legal presentó un escrito ajustado a los requerimientos legales conocidos como “advertencias”, con la intención de forzar al sistema judicial a actuar conforme al derecho internacional y salvadoreño.
Mientras tanto, la angustia se multiplica. “Estos 100 días no solo han sido un martillo para los detenidos, también lo han sido para sus familias”, expresó uno de los voceros del equipo legal. “El debido proceso ha sido violentado en todos sus niveles”.
Desde Venezuela, diversas organizaciones de derechos humanos y familiares han reiterado su exigencia de liberación inmediata o, en su defecto, una audiencia judicial transparente que permita ejercer el derecho a la defensa. El gobierno venezolano, aunque ha hecho gestiones diplomáticas, no ha logrado avances concretos en la liberación de sus ciudadanos.
En El Salvador, la situación genera cada vez más controversia, ya que sectores civiles, académicos y religiosos cuestionan la legalidad de la detención prolongada sin cargos ni sentencia. Mientras tanto, las voces que exigen justicia crecen, y el silencio institucional persiste. La prisión se convierte, cada día más, en un símbolo de la criminalización de la migración en la región.