La decisión aprobada en el Congreso de EE.UU. de incluir un impuesto del 3.5 % sobre las transferencias de dinero a personas que no sean ciudadanas estadounidenses podría afectar negativamente las regulaciones sobre transferencias de dinero, el comercio y la disminución migratoria. Esto debe ser ratificado, aún, en el Senado.
El impuesto afecta prácticamente a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense, pero impone una carga excesiva a quienes sí lo son. El texto ofrece una exención fiscal previa verificación del estatus de los remitentes como ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos.
En su informe más reciente sobre ingresos mensuales de remesas familiares, el Banco Central de Reserva (BCR) apuntó que en mayo recibieron 899 millones de dólares, una cifra que no habían ingresado en los 12 meses anteriores. Lo más cercano se dio en marzo (863 millones).
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De acuerdo a medios locales, se trata de un monto récord en la historia de El Salvador. Con 3.676 millones de dólares, el dinero enviado desde EE.UU. representa el 92,5 % del total acumulado enero y mayo de 2025.
Las remesas constituyen aproximadamente el 21 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, que pese a su convenio con EE.UU. para recibir presuntos criminales, podría erigirse en una de las naciones más golpeadas por el proyecto de ley.
En la Cámara de Representantes ya fue aprobado, pero todavía debe ser ratificado por el Senado. Si lo avalan, se estima que entraría en vigencia en diciembre de este año.
El impuesto estipulado es una cantidad prohibitiva que casi triplica el costo del envío. Un trabajador migrante que gana un promedio de $3,300 y suele enviar $400 paga $8. Aumentar la cantidad en $14 adicionales para enviar lo mismo dificultará el envío a una persona con ingresos disponibles limitados, sería casi el 1% de su ingreso mensual.
La consecuencia inmediata es doble: cuando los precios de las remesas son más altos, las personas tienden a evitar el uso de mecanismos no autorizados o pueden optar por enviar menos dinero.
En los países donde los costos de envío son más altos, los mecanismos informales también lo son, y viceversa.
Datos de 25 países sobre transferencias informales y costos de transacción sugieren que la informalidad en el envío crece 5% por cada 1% en el costo. En Estados Unidos los costos han caído de 9% a 3% en 20 años y un aumento cambiaría este panorama.