La Fiscalía de Corea del Sur solicitó una condena de siete años de prisión para Taeil, exintegrante del grupo de K-pop NCT, tras admitir su participación en una violación grupal.
La audiencia se celebró en el Tribunal de Distrito Central de Seúl. Junto a él también enfrentan cargos dos cómplices identificados como “Lee” y “Hong”, quienes igualmente reconocieron su implicación en el crimen. Los hechos ocurrieron la madrugada del 13 de junio de 2024, cuando los tres hombres conocieron a una turista china en un bar del distrito de Itaewon, una zona muy concurrida por su vida nocturna. La víctima se encontraba en estado de ebriedad. Aprovechando su condición, los acusados la trasladaron sin su consentimiento a una vivienda ubicada en Bangbaedong, un área residencial de Seúl.
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Ya en la casa, los tres la agredieron sexualmente. Posteriormente, la enviaron sola de regreso en un taxi. Un mensaje enviado por “Hong” a “Lee” confirmó que este último ayudó a subir a la víctima al vehículo tras cometer el abuso. Durante la audiencia final, realizada el 18 de junio de 2025, la Fiscalía no solo pidió prisión para los tres implicados. También solicitó que sean sometidos a tratamiento psicológico especializado para agresores sexuales, que sus datos personales sean divulgados públicamente y que se les prohíba trabajar con menores durante los próximos diez años.
La sentencia se anunciará el próximo 10 de julio a las 2:00 p.m., hora local. Aunque Taeil ya no formaba parte de NCT al momento del delito, su vínculo con una de las agrupaciones de K-pop más influyentes ha generado un enorme impacto mediático y conmoción entre fanáticos. El caso ha despertado una oleada de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios exigen justicia y condenas ejemplares. Hasta el momento, los acusados permanecen en libertad bajo condiciones, mientras que sus abogados no han emitido declaraciones públicas. Las autoridades aún no revelan los nombres completos de “Lee” y “Hong”. Si el tribunal aprueba la solicitud del Ministerio Público, condenará a los tres acusados a prisión e inscribirá sus nombres en el registro de agresores sexuales. Las autoridades divulgarán oficialmente sus identidades, les prohibirán trabajar en entornos con menores y los obligarán a asistir a programas de rehabilitación. Con estas medidas, el sistema judicial busca prevenir la reincidencia y proteger mejor a futuras víctimas.