La Fiscalía Federal de Argentina pidió que la ex presidenta cumpla condena en cárcel común. Ignoraron su edad, estado de salud y rol como líder opositora. El peronismo llama a una movilización masiva en su respaldo.
Luciani y Mola rechazaron el pedido de arresto domiciliario de Cristina Fernández. Alegan que no hay razones humanitarias, pese a su edad y amenazas comprobadas. El Tribunal decidirá en las próximas horas si acoge la petición de su defensa.
En un nuevo episodio del proceso judicial contra la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa, a pesar de que la ex presidenta cumple con todos los criterios que la ley establece para acceder a esa medida.
El pronunciamiento, expresado en un documento de 10 páginas, sostiene que “no se advierten razones humanitarias” que justifiquen el otorgamiento del beneficio, desestimando así el artículo 32 bis del Código Penal argentino, que habilita esa posibilidad para personas mayores de 70 años. Fernández de Kirchner tiene actualmente 72 años, fue víctima de un intento de magnicidio en 2022 y forma parte de un programa estatal de protección especial.
“Hay un ensañamiento evidente”, denunció su abogado, Carlos Beraldi, en alusión al tratamiento diferenciado que ha recibido su defendida frente a otros casos similares. Recordó, por ejemplo, que el ex presidente Carlos Menem, también condenado por corrupción, permaneció en libertad por razones de edad durante años. En contraste, los fiscales compararon su situación con la del ex funcionario Ricardo Jaime, a quien se les negó el beneficio a los 70 años, pese a que no ostentaba liderazgo político ni enfrentaba amenazas.
Desde el entorno de la ex presidenta se sostiene que este dictamen constituye un nuevo intento de persecución judicial, dentro de un contexto regional donde han sido frecuentes las denuncias de lawfare contra líderes progresistas. En ese sentido, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado previamente sobre el uso instrumentalizado de los sistemas judiciales para proscribir a figuras políticas de oposición.
La Fiscalía también minimizó los riesgos que implicaría su encarcelamiento, asegurando que el Estado puede garantizar su seguridad en una unidad penitenciaria. No obstante, omitió que el propio Estado argentino reconoció en 2023 la existencia de amenazas reales contra su vida, incluyéndola en un esquema especial de protección.
Mientras el fallo final se espera en las próximas horas, el peronismo ha convocado una masiva movilización, anunciada como “la más grande de la historia”, para acompañar a Fernández de Kirchner desde su residencia hasta los Tribunales Federales de Comodoro Py, en señal de respaldo político y ciudadano.
En Argentina y en la región, crecen las voces que advierten que este tipo de acciones judiciales buscan inhabilitar políticamente a líderes que representan alternativas al modelo neoliberal que promueve el actual gobierno de Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner, ícono de la centroizquierda latinoamericana, enfrenta además otras causas abiertas, en un escenario judicial que muchos califican de hostil y profundamente politizado.