La Policía Federal de Brasil imputó al exmandatario por liderar una red de vigilancia ilegal. La estructura operó dentro de la Agencia de Inteligencia durante su gobierno. También fueron acusados su hijo, exfuncionarios y militares de alto rango.
Jair Bolsonaro fue señalado como jefe de una organización que espiaba a opositores. Según el informe, se utilizaron softwares para rastrear a jueces, políticos y periodistas. El caso se suma a las causas abiertas por intento de golpe de Estado en 2023.
La Policía Federal de Brasil imputó este lunes al ex presidente Jair Bolsonaro como presunto líder de una estructura ilegal de espionaje estatal que operó durante su gobierno (2019–2022) desde la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). La acusación incluye a 34 personas más, entre ellas su hijo Carlos Bolsonaro, el exdiputado Alexandre Ramagem y altos funcionarios militares y civiles.
La investigación, denominada «ABIN Paralela», reveló que esta red operó utilizando herramientas tecnológicas para acceder sin autorización a teléfonos móviles y computadoras de opositores políticos, periodistas, abogados y miembros del Poder Judicial. Según el informe policial enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), se empleó el sistema de geolocalización israelí FirstMile, adquirido en 2018 por la ABIN, durante el mandato de Michel Temer.
Una de las pruebas clave fue una grabación recuperada por la Policía Federal en julio de 2024, correspondiente a una reunión realizada el 25 de agosto de 2020, donde participaron Bolsonaro, Ramagem, el general Augusto Heleno y las abogadas de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro. En ese encuentro, se discutieron acciones para seguir a auditores fiscales que investigaban a Flávio por el caso conocido como «rachadinhas».
“El expresidente tenía conocimiento del esquema y se benefició de él”, concluye el informe de la Policía Federal, que señala además que Carlos Bolsonaro, principal estratega digital de su padre, usó información obtenida ilegalmente para atacar públicamente a quienes eran considerados adversarios políticos.
Entre las personas espiadas figuran el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, el senador Renan Calheiros y los expresidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y Arthur Lira. El accionar de la red fue sistemático y orientado a desestabilizar institucionalmente a quienes cuestionaban al exgobierno.
El actual director de la ABIN, Luiz Fernando Corrêa, también fue implicado por supuesta obstrucción de la investigación, tras negarse a colaborar con la justicia y restringir el acceso a documentación clave. Esta actitud ha despertado preocupación sobre la posibilidad de que prácticas ilegales continúen dentro de la agencia.
Cabe señalar que esta causa es independiente de la investigación por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, en el que Bolsonaro ya está formalmente imputado. Sin embargo, ambos procesos judiciales delinean un mismo patrón de conducta que, según analistas y organismos internacionales, apunta a la consolidación de un poder autoritario al margen de la Constitución.
La sentencia del caso ABIN se espera en los próximos meses, mientras la investigación por el intento de golpe avanza hacia su fase final. Bolsonaro ya ha sido interrogado y podría enfrentar nuevas sanciones antes de que finalice el año.
“La situación refuerza las críticas a su gestión y genera un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las agencias de inteligencia del país”, advirtieron observadores políticos.
La comunidad internacional también ha mostrado preocupación ante la gravedad de los hechos. Diversos organismos han exigido que el proceso judicial se desarrolle de forma justa y transparente, ya que el espionaje ilegal a figuras públicas representa una amenaza directa a la democracia, la libertad de prensa y los derechos humanos.
A pesar de las evidencias, Jair Bolsonaro ha mantenido una postura de negación. Ha acusado a la Justicia de perseguirlo con fines políticos, mientras que su base de seguidores continúa respaldándolo en las calles y redes sociales, profundizando la polarización en la sociedad brasileña.
Este nuevo escándalo pone en entredicho no solo la figura del exmandatario, sino también la fortaleza de las instituciones democráticas de Brasil para sancionar abusos de poder y erradicar la impunidad.