Irán está en guerra, no es una guerra buscada ni deseada, sino una guerra impuesta, marcada por una escalada continua de tensiones que Israel ha alimentado durante años mediante ataques contra su infraestructura nuclear, militar y civil.
Estas agresiones, lejos de responder a un intento de diálogo o solución diplomática, revelan una voluntad explícita de debilitar las capacidades estratégicas iraníes a través de operaciones que no solo ponen en riesgo la estabilidad regional, sino que además vulnerar normas básicas del derecho internacional.
La respuesta iraní: legítima defensa en el marco del derecho internacional
Desde la óptica del derecho internacional, la reacción de Irán tras estos ataques no solo es comprensible, sino plenamente legítima. El artículo 51 de la Carta de la ONU consagra el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa ante ataques armados. Este derecho es fundamental, especialmente cuando el Consejo de Seguridad, encargado de preservar la paz y la seguridad internacionales, se ve paralizado por vetos políticos, como ocurre recurrentemente.
La respuesta iraní, que incluyó el lanzamiento de misiles supersónicos contra objetivos militares y estratégicos israelíes —como la base naval y la principal refinería de petróleo en Haifa—, está enmarcada en ese derecho legítimo a la defensa. Las imágenes, verificadas por medios internacionales y difundidas pese a la censura impuesta por las autoridades israelíes, muestran el daño significativo causado por estas acciones defensivas, diseñadas para dejar claro que las agresiones no quedarán sin respuesta.
El ataque israelí y la violación del derecho internacional
Los recientes ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes, como las de Natanz y Fordo, no pueden considerarse incidentes aislados ni ejercicios legítimos de defensa propia. Según expertos y organismos internacionales, constituyen una violación manifiesta del artículo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial y la soberanía de cualquier Estado miembro.
Estas instalaciones nucleares están sometidas a la estricta supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y forman parte de un programa declarado pacífico desde 2003, reconocido incluso por informes independientes. El ataque a estas instalaciones vulnera además el artículo 12 del Estatuto de la AIEA, que prohíbe expresamente las acciones hostiles contra instalaciones nucleares bajo salvaguardias internacionales. El riesgo que esto implica no es solo político, sino también ambiental y humano, en una región ya especialmente frágil. La propia AIEA ha alertado sobre la posibilidad de un desastre radiactivo en caso de daños mayores, un riesgo que el agresor parece haber desestimado.
Además, la soberanía iraní fue vulnerada también mediante violaciones del espacio aéreo, tanto de Irán como de países vecinos como Irak y Siria, sumando una capa adicional de ilegalidad y desestabilización regional.