La Corte Suprema de Justicia de Argentina, confirmó la condena a 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Kirchner, quien podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad (72 años), fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de la expresidenta y también denegó el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión y agregar el delito de asociación ilícita.
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La justicia le dio a Kirchner cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales para ser detenida.
La exmandataria, quien también ofició de vicepresidenta durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), anunció días atrás que se presentaría como candidata a diputada en los próximos comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, en septiembre.
Sin embargo, la confirmación de su condena por la máxima instancia judicial del país significa que ya no podrá presentarse a elecciones.
Kirchner, una figura muy polémica y divisiva en Argentina, es actualmente la presidenta del Partido Justicialista (PJ), nombre oficial del peronismo, la principal fuerza opositora al gobierno del economista libertario Javier Milei.
La exmandataria recibió el anuncio de la Corte en la sede del PJ, acompañada por legisladores y dirigentes de su espacio, mientras militantes peronistas cortaban los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires.
Horas después de conocerse el fallo, un grupo de manifestantes, presuntamente simpatizantes de la exJefa de Estado, irrumpió en las oficinas de la cadena de noticias TN, perteneciente al Grupo Clarín, generando destrozos.
La expresidenta, quien niega los cargos en su contra, ha denunciado que es víctima del lawfare, una persecución política, mediática y judicial orquestada por sus rivales políticos.
También se ha comparado con sus pares Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Rafael Correa, en Ecuador, quienes fueron condenados por las cortes de sus países por casos de corrupción (la condena de Lula fue anulada luego de que el brasileño pasara un año y medio en prisión, y en 2023 volvió a la presidencia; Correa está prófugo de la justicia desde 2018).
Tras conocerse el fallo, Kirchner dio un discurso ante sus simpatizantes agrupados en la calle frente a la sede del PJ en el que dijo que el «Partido Judicial» le había impuesto un «cepo al voto popular» con su condena.
También se refirió a lo que dijo durante el inicio de la causa, cuando debió sentarse en el banquillo de los acusados, en 2019.
«Cuando fui a declarar dije que la sentencia ya estaba escrita y no me equivoqué», aseguró.
Según Kirchner, «el poder económico concentrado» busca quitarla del camino porque «sabe que cuando este monigote que nos gobierna se caiga, cuando esto se desplome» no quieren «que el campo nacional y popular pueda organizarse».
Y agregó: «PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad», una referencia a acusaciones de que el oficialismo había boicoteado una ley de «ficha limpia» para evitar que políticos con condenas en dos instancias judiciales puedan presentarse a elecciones, algo que benefició a Kirchner.