Tres días después de la segunda vuelta electoral, la candidata presidencial por el movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, reapareció para denunciar el hallazgo de nuevas pruebas sobre las irregularidades en el conteo de votos en el último proceso comicial.
A través de un video en la red social X, Luisa González advirtió sobre múltiples versiones de actas que fueron modificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez que fueron subidas al sistema, alterando no solo la cadena de custodia, sino también el resultado final.
González informó que cuentan con 1.984 actas sin firmas conjuntas de las autoridades de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que violaría el artículo 127 del código de la democracia y deberían ser invalidadas.
La candidata González también señaló que existen 1.526 actas, cuya suma no coincide con el número de sufragantes, lo que a consideración de la política también deberían ser anuladas por el CNE.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad emitió este miércoles un contundente comunicado denunciando un «escenario autoritario» en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa, caracterizado por la persecución política, restricciones a libertades fundamentales y la firma de acuerdos con actores privados como el mercenario Erik Prince.
La declaración, respaldada por activistas y académicos globales, urge a organismos internacionales a intervenir para garantizar el retorno a la democracia plena.
El documento señala que Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023 tras una elección marcada por la violencia del crimen organizado. Además, le reprochan haber decretado el estado de excepción 24 horas antes de los comicios del 13 de abril de 2025.
Según la REDH, esta medida, justificada oficialmente como una acción contra el narcotráfico y grupos armados, suspendió garantías constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la privacidad de comunicaciones.
El decreto 599 —vigente durante el proceso electoral— carece de fundamento legal, ya que «ningún hecho excepcional» ameritaba su aplicación en un contexto democrático. A su vez, menciona que organismos como la ONU han advertido que los estados de excepción no deben utilizarse para limitar derechos políticos, especialmente durante elecciones.
En los días posteriores a las elecciones, donde el oficialismo enfrentó a la oposición liderada por el Movimiento Revolución Ciudadana (RC), el gobierno publicó una lista de 100 personas a quienes se les prohibió salir del país. Entre ellos figuran el binomio presidencial de RC, Luisa González y Diego Borja, así como miembros de su equipo de campaña, autoridades locales y periodistas críticos.
Además, denuncian amenazas directas contra la libertad de prensa. Ejemplo de ello es el caso del periodista Orlando Pérez, cuyo «derecho a la vida» fue vulnerado tras críticas al gobierno. Esto, sumado a la obligación de empresas de telecomunicaciones de entregar datos personales a las fuerzas de seguridad, crea un clima de «censura y autocensura» y limita el acceso ciudadano a información diversa.
En base a las anteriores consideraciones, la organización hizo un llamado urgente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y la Unión Europea para:
- Exigir la restitución inmediata de derechos como la libre movilidad, reunión y privacidad.
- Investigar abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante el estado de excepción.
- Presionar al gobierno a derogar el decreto 599 y cesar la «campaña de odio» contra la oposición.
- Vigilar el uso de mercenarios en labores de seguridad interna.
«Ecuador merece volver a ser un Estado de paz», subraya el texto, que también critica la narrativa oficial de estigmatizar a detractores como «enemigos públicos», algo que, según la Red, «recuerda a regímenes dictatoriales latinoamericanos del siglo XX».