5.000 dólares de multa o 6 meses de prisión.
El Gobierno estadounidense creó un registro para que los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país presenten su información personal bajo la amenaza de sanciones monetarias o encarcelamiento.
Según muestran los documentos, los inmigrantes ilegales, incluidos los niños de 14 años o más, deberán presentar huellas dactilares y direcciones de domicilio al registro. Quienes no se registren podrían recibir multas de hasta 5.000 dólares y sentencias de hasta seis meses de prisión.
El objetivo principal de este registro es mejorar el control sobre la inmigración ilegal, facilitando las deportaciones y el seguimiento de los inmigrantes que no han regularizado su estatus. Las personas que no cumplan con el registro podrían enfrentar las sanciones mencionadas, y se les exigirá llevar consigo una prueba de su registro en todo momento.
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En el marco de la iniciativa, se requiere que cualquier persona que se encuentre en el país ilegalmente y no haya interactuado con el gobierno, por ejemplo, solicitando asilo o un permiso de trabajo, se presente. Para este fin, la Administración del presidente Donald Trump creó un formulario de registro y dio a las personas 30 días para completarlo.
Anteriormente, los inmigrantes que se encontraban en el país ilegalmente cometían un delito civil y podían ser detenidos y deportados, pero no se consideraba que hubieran cometido un delito penal, explica WSJ.
«Esta no es una ley nueva. Simplemente estoy anunciando que voy a hacer cumplir nuestra ley», comentó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. «Vamos a utilizar esta herramienta para asegurarnos de que estamos cumpliendo con nuestra ley para brindarles a las personas la oportunidad de regresar a casa y ser parte del futuro de nuestro país de la manera correcta».
Este tipo de medidas no son nuevas en la historia de EE.UU. UU.; ya se implementaron en el pasado durante la Segunda Guerra Mundial y después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, esta iniciativa ha generado controversia debido a las implicaciones legales y sociales que podrían acarrear, especialmente en términos de
Este plan es parte de la agenda del gobierno actual para soportar las políticas migratorias, y aunque algunos sectores apoyan el reforzamiento de la seguridad nacional, otros critican el impacto potencial en las comunid.
Mientras, expertos legales opinan que iniciar procesos contra presuntos infractores podría acaparar los recursos de la Fiscalía y aumentar la población carcelaria, ya que los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente rara vez tienen los medios para pagar multas tan elevadas.