El Gobierno de Javier Milei, autorizó este jueves a dos de sus funcionarios a requerir apoyo de las Fuerzas Armadas en sitios que consideren de valor estratégico para el estado.
Por medio del decreto 1107/2024, el Poder Ejecutivo habilitó a los ministros de Defensa, Luis Petri, y de Seguridad, Patricia Bullrich, a requerir apoyo de efectivos militares o de cuerpos policiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, en situaciones de conmoción interior.
En el texto, la Casa Rosada apela a la importancia que tiene para la seguridad nacional, la detección de las amenazas que enfrenta el estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI.
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La normativa establece que, en caso de ataques, daños o destrucción de espacios de vital importancia para el estado, las fuerzas policiales o de seguridad federal podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de cuerpos policiales provinciales.
El decreto, pone en cuestionamiento la ley de Defensa, puesto que no define clara ni explícitamente qué es un objetivo de valor estratégico. Por ello, le adjudica a los funcionarios nacionales la potestad de definir o redefinir ese concepto.
De acuerdo al Ejecutivo, debe considerarse de esa manera cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación.
En definitiva, las fuerzas de seguridad podrán recurrir a las Fuerzas Armadas cuando haya amenazas y agresiones, por parte de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior.
La medida, fue criticada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental creada durante la última dictadura militar, que trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.
