El Gobierno de Perú, declaró en emergencia por dos años el sistema nacional penitenciario y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por razones de déficit de capacidad de albergue, que se traduce en hacinamiento carcelario.
Mediante un decreto supremo, publicado este martes, se apuntó que esta declaratoria también busca «optimizar la prestación de servicios para la resocialización de las personas privadas de libertad».
En el texto, suscrito por la presidenta peruana Dina Boluarte, se señaló que en un plazo no mayor a 45 días hábiles el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos divulgará una estrategia sectorial de emergencia penitenciaria.
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Reconoció que «el sistema nacional penitenciario viene atravesando una aguda crisis, en las últimas décadas, debido principalmente a la sobrepoblación de internos en los establecimientos penitenciarios, los mismos que han sido rebasados en su capacidad de albergue, así como por la falta de los medios necesarios, como recursos humanos, logísticos, presupuesto y servicios penitenciarios para el tratamiento, salud y seguridad penitenciaria».
Perú, cuenta con 69 prisiones con una capacidad para 41.556 reclusos, pero hasta agosto de 2024 mantenían a 98.127, lo que genera una sobrepoblación del 136 %. «Esto indica que los avances no han sido los esperados pese a los esfuerzos realizados y que un número considerable de personas procesadas se encuentran en los establecimientos penitenciarios», lamentó.