El Congreso del Estado de México, aprobó por mayoría la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, tras reformar los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal de la entidad.
En la sesión parlamentaria hubo 55 votos a favor; 7 en contra, todos del Partido Acción Nacional (PAN) y cuatro abstenciones. La propuesta, que contó con la mayoría de votos de Morena, fue hecha por ese partido político junto al Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT).
De acuerdo con el proyecto, avalado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y cuyo trámite a dictamen fue dispensado, el aborto (después del plazo de tres meses) será un delito, cuya pena irá de seis meses a un año de prisión.
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En caso de practicarse sin el consentimiento de la persona gestante, indistintamente de la etapa del embarazo, serán de cinco a 10 años de cárcel y de 50 a 400 días multa, pero si en su comisión se emplea violencia física, psicológica, obstétrica o negligencia en los cuidados ginecobstétricos, la pena prevista aumentará en una mitad.
El Estado de México, se convierte de la 18ª entidad mexicana en ajustarse a la sentencia emitida en 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se calificó como «inconstitucional» la criminalización del aborto en todo el territorio mexicano.
En cuanto al personal médico, de enfermería o partería, que realice el procedimiento después de las 12 semanas de gestación, además de las sanciones antes mencionadas, será suspendido de tres a seis años en el ejercicio de su profesión y podrían ser hasta 20 años en caso de reincidencia.
Aun después de este plazo, el aborto no será considerado un delito cuando sea resultado de una acción culposa, es decir sin la intención de cometerlo; por un embarazo derivado de una violación; implantación no consentida de óvulo fecundado o inseminado artificialmente, independientemente de si exista o no denuncia, y en caso de que la mujer o persona gestante corra peligro de muerte o su salud (física o mental) se vea severamente afectada a juicio médico.