El Gobierno de Nicaragua ha enviado a la Asamblea Nacional dos iniciativas de ley clave que buscan regular aspectos fundamentales de la cooperación internacional y la gestión migratoria en el país. La primera de estas iniciativas, que regula la cooperación brindada por organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país, fue remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores para su estudio, consulta y dictamen.
La propuesta de ley, que pretende establecer un marco normativo claro y ordenado para las relaciones de Nicaragua con actores internacionales, busca regular las actividades de cooperación que realizan diversos organismos internacionales, agencias de desarrollo y misiones diplomáticas dentro del país. Según fuentes oficiales, la normativa tiene como objetivo fortalecer el control y la supervisión de estos flujos de asistencia externa, asegurando que la cooperación se ajuste a los intereses nacionales y respete la soberanía del país.
“La iniciativa busca establecer parámetros precisos sobre cómo las entidades extranjeras pueden operar dentro de Nicaragua, promoviendo la transparencia y la legalidad en los acuerdos de cooperación”, indicó un comunicado oficial del Ejecutivo. El proyecto de ley subraya que todas las organizaciones extranjeras deberán estar debidamente registradas y actuar dentro de los límites establecidos por las autoridades nicaragüenses.
En un segundo paquete de reformas, el Ejecutivo sometió también a consideración de la Asamblea Nacional una Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 761, Ley General de Migración y Extranjería, así como una adición a la Ley No. 641, Código Penal de la República de Nicaragua. Las modificaciones propuestas buscan adaptar la legislación migratoria a las nuevas realidades del país y fortalecer la seguridad nacional.
Las reformas a la Ley General de Migración incluyen ajustes relacionados con los procedimientos para la entrada, permanencia y salida de extranjeros en el territorio nicaragüense, así como la actualización de las normativas sobre visas, permisos de trabajo y control de flujos migratorios. Asimismo, se busca poner énfasis en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y las redes de migración irregular.
La iniciativa contiene los siguientes aspectos:
- La decisión soberana del Estado de Nicaragua de otorgar, denegar y cancelar el ingreso, permanencia, residencia y nacionalidad nicaragüense adquirida.
- Fortalecer los controles fronterizos a nivel nacional.
- Establecer la base jurídica para la transición del uso del pasaporte de lectura mecánica a electrónica.
- Permitir a los ciudadanos y ciudadanas de otras nacionalidades adquirir más de una subcategoría migratoria; y se incorpora la categoría de «Visa de Negocios» acorde a la promoción de la inversión y convenios bilaterales.
- Ampliar el plazo de 72 horas a 7 días hábiles para circular de forma preventiva a los menores de edad, a solicitud de uno de los padres; cuando exista riesgo de intención de uno de ellos de llevarlo fuera del país sin el permiso correspondiente.
- Se realiza reforma al Código Penal para desalentar la evasión de controles con fines ilícitos.
Por su parte, la adición al Código Penal se centra en tipificar nuevas conductas relacionadas con la inmigración ilegal, estableciendo sanciones más severas para aquellos involucrados en actividades ilícitas relacionadas con la migración, tales como la falsificación de documentos o la trata de personas.
La presentación de estas iniciativas de ley ha generado diversas reacciones dentro del ámbito político y social. Mientras que algunos sectores del Gobierno defienden la necesidad de establecer una normativa que regule la cooperación internacional y refuerce la seguridad migratoria, otros señalan que estas reformas podrían restringir la libertad de acción de las organizaciones internacionales y afectar el flujo de ayuda externa.
En cuanto a los próximos pasos, ambas iniciativas deberán pasar por el proceso legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional, que incluirá su debate y análisis en las comisiones pertinentes. La Comisión de Asuntos Exteriores, encargada de revisar la ley de cooperación internacional, ha comenzado con las consultas y espera emitir un dictamen en las próximas semanas. En paralelo, se espera que el proyecto de reformas a las leyes migratoria y penal también inicie su trámite legislativo.
El Gobierno de Nicaragua ha destacado que estas reformas se enmarcan dentro de su estrategia de fortalecer la soberanía del país y garantizar una mayor transparencia en la relación con actores internacionales, al mismo tiempo que se promueve la seguridad y el orden dentro del territorio nacional.