Pavel Durov, el fundador y consejero delegado de la popular aplicación de mensajería Telegram, ha sido formalmente acusado en Francia por una serie de delitos graves relacionados con actividades ilegales en la plataforma. Durov, de 39 años, fue detenido el 24 de agosto en el aeropuerto de Le Bourget, cerca de París, y ha pasado cuatro días bajo custodia policial antes de ser liberado bajo fianza de 5 millones de euros.
Las autoridades francesas han presentado seis cargos contra Durov, incluyendo “complicidad en la administración de una plataforma en línea para permitir transacciones ilícitas en grupo organizado”, “distribución de imágenes de menores en pornografía infantil”, “tráfico de drogas” y «lavado de dinero». Además, se le acusa de negarse a proporcionar documentos solicitados por las autoridades en investigaciones en curso.
Como parte de las condiciones de su liberación, Durov tiene prohibido salir de Francia y debe presentarse en una comisaría dos veces por semana12. Estas medidas buscan asegurar su cooperación continua con la investigación mientras se desarrollan los procedimientos judiciales.
Telegram ha respondido enérgicamente a las acusaciones, afirmando que la empresa cumple con todas las leyes de la Unión Europea y que Durov «no tiene nada que ocultar»1. La plataforma, con sede en Dubái, ha sido objeto de escrutinio durante mucho tiempo debido a acusaciones de fraude, tráfico de drogas, crimen organizado, promoción del terrorismo y ciberacoso.
Durov, nacido en Rusia, es ciudadano de Rusia, Francia y los Emiratos Árabes Unidos. Fundó Telegram hace una década y la aplicación ha crecido exponencialmente, reportando más de 900 millones de usuarios en la actualidad. A pesar de su éxito, Durov ha mantenido un perfil bajo y rara vez habla en público.
El caso contra Durov plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad de las plataformas de mensajería en la moderación de contenido y la cooperación con las autoridades. La comunidad tecnológica y los defensores de la libertad de expresión están atentos a cómo se desarrollará este caso y sus posibles implicaciones para el futuro de la regulación de las plataformas digitales.