En un giro inesperado, Pavel Durov, el cofundador y CEO de la popular plataforma de mensajería encriptada Telegram, ha sido detenido en París y enfrenta acusaciones de 12 delitos graves. La detención se produjo el 24 de agosto de 2024, cuando Durov aterrizaba en su avión privado en el aeropuerto de Le Bourget, procedente de Azerbaiyán.
La Fiscalía de París ha presentado cargos que incluyen complicidad en tráfico de drogas, fraude, blanqueo de dinero, pedofilia y apología del terrorismo. Según las autoridades francesas, la falta de moderación en Telegram y la negativa de Durov a cooperar con las investigaciones han facilitado la comisión de estos delitos. La investigación preliminar fue llevada a cabo por la Oficina de Menores (OFMIN) de la Dirección Nacional de Investigación Criminal.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que la detención de Durov no responde a una decisión política, sino a una investigación judicial en curso1. Sin embargo, la detención ha generado una fuerte reacción en Rusia. Diputados y senadores rusos han exigido la liberación inmediata de Durov, argumentando que es víctima de una persecución política.
Telegram, con sede en Dubái, ha sido criticada por su falta de moderación y por las herramientas que ofrece, como números desechables y criptografía avanzada, que facilitan actividades delictivas. La compañía ha defendido su postura, afirmando que cumple con las normativas de la Unión Europea y que su sistema de moderación está en constante mejora.
Si es encontrado culpable, Durov podría enfrentar hasta 20 años de prisión3. Este caso pone de relieve las complejidades legales y éticas que enfrentan las plataformas de comunicación en la era digital. La comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener implicaciones significativas para la privacidad y la seguridad en línea.