Las organizaciones de derechos humanos llevan años dando la voz de alerta y rechazan el acuerdo alcanzado.
El Parlamento Europeo, ha aprobado en una sesión plenaria 10 textos legislativos para reformar la política europea de migración y asilo.
El objetivo perseguido es armonizar las normas comunes para la acogida y reubicación de los solicitantes de asilo, entre otras cuestiones, para acabar con una década de reacciones aisladas de cada Estado miembro, siempre sujetas a las críticas de sus pares.
La iniciativa lleva un largo camino desde que se presentó por primera vez en septiembre de 2020, experimentando numerosos altibajos y parones hasta el año pasado, cuando en diciembre se llegó a un acuerdo provisional entre el Europarlamento y el Consejo Europeo.
Sin embargo, en su camino hacia la adopción, la medida enfrentó enormes diferencias políticas. Para algunos el pacto no fue lo bastante restrictivo, mientras que para otros no se respetaban suficientemente los derechos de las personas migrantes.
Al pacto se oponían, entre otros, los eurodiputados del partido húngaro Fidesz, así como el grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), que comprende a la Liga italiana, la Agrupación Nacional francesa y Alternativa para Alemania (AfD). Igualmente, mostraron su rechazo eurodiputados del grupo la Izquierda y los Verdes.
Denuncian que conlleva numerosos riesgos, como la profundización en la externalización de las fronteras y el peligro para los derechos humanos, además de que no aborda las deficiencias estructurales del proceso de asilo. Además, están alarmados porque, según su parecer, las tesis de la extrema derecha están impregnando las políticas migratorias.
En febrero, 161 organizaciones de la sociedad civil publicaron un comunicado conjunto para instar a los europarlamentarios a que frenaran el pacto, sosteniendo que tiene un enfoque punitivo e institucionaliza vulneraciones de derechos.
Entre los abusos que denuncian, se encuentra la realización de perfiles raciales; la detención de facto por defecto, sin excepciones para familias con niños o menores no acompañados; los confinamientos en zonas fronterizas durante periodos prolongados de tiempo y las expulsiones.
Además, también preocupa la criminalización de la ayuda a refugiados y migrantes, así como la falta de solidaridad, que hará que los Estados sin fronteras exteriores eviten el reparto de responsabilidades financiando centros de detención de migrantes en los Estados fronterizos y otras medidas restrictivas.