Una sesión convocada para este 31 de enero en la Cámara de Diputados de la Nación.
La ley más crucial bajo el mandato del presidente argentino, Javier Milei, consta de 664 artículos que incluyen reformas significativas.
Durante sesiones extraordinarias en el Congreso, se llevaron a cabo negociaciones políticas para asegurar su aprobación, enfrentando el rechazo del peronismo. Hubo reuniones estratégicas con gobernadores y se buscó respaldo en los bloques de la oposición «dialoguista«. Estos esfuerzos resultaron en cambios sustanciales, reduciendo la ley a 523 artículos.
A pesar de ello, persiste la incógnita sobre si estos ajustes serán suficientes para obtener la media sanción en la Cámara de Diputados. Esta breve pero intensa historia resume la denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos», también conocida como «ley ómnibus» en Argentina.
El partido en el poder convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para discutir la reconocida «ley ómnibus» este miércoles. Después de negociaciones intensas y dos reprogramaciones del debate en el recinto, se logró asegurar el respaldo de los bloques de Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR) y, parcialmente, de Hacemos Coalición Federal.
El bloque oficialista cuenta con 38 diputados. Para alcanzar el quórum mínimo necesario y asegurar la aprobación de cualquier proyecto, se requieren 129 votos. En términos numéricos, esto implica que el gobierno tuvo que buscar votos adicionales. Aunque un cálculo simple indicaría que necesitaba 91 votos más, la dinámica política para ganar nuevos apoyos resulta ser más compleja.
La falta de respaldo parlamentario para el oficialismo fue compensada por el PRO, que cuenta con 37 diputados, la UCR con 34 legisladores y Hacemos Coalición Federal con «varias» de sus 23 bancas. Estos bloques expresaron su respaldo general a la ley, aunque señalaron que solicitarán modificaciones en ciertos artículos. Debido a esta razón, aún es incierto cuánto de la «ley ómnibus» de Javier Milei permanecerá intacto.
Recibió su nombre debido a su extensión inicial: 664 artículos distribuidos en 10 títulos que abordan diversos temas, tales como declaración de emergencia pública, desregulación económica, privatización de empresas públicas, modificaciones impositivas, regímenes de blanqueo de capitales no declarados, seguridad, defensa, salud, justicia y educación, entre otros.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, reconoció que se dedicaron varios meses a la elaboración del primer proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Javier Milei. El gobierno lo destacó como una máxima prioridad, convocando a sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 31 de enero, fecha que posteriormente fue prorrogada.
Un plenario de comisiones inició la discusión del proyecto. Funcionarios de diversas áreas del gobierno detallaron el alcance de la extensa y variada ley ómnibus. Tanto el peronismo como la izquierda expresaron su oposición desde el principio. Ante esto, el oficialismo intensificó las negociaciones con gobernadores y legisladores de la oposición «dialoguista», incluyendo al PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
El incremento de los impuestos a la exportación de la soja y sus productos derivados, elevándolos del 31 al 33%, generó fuertes críticas por parte de gobernadores tanto radicales como peronistas no alineados con el kirchnerismo, entre ellos Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Martín Llaryora de Córdoba.
La propuesta de cambio en la fórmula de actualización de jubilaciones presentada por el gobierno enfrentó significativos niveles de rechazo. El proyecto de ley original proponía la suspensión de la fórmula, dejando a discreción del Poder Ejecutivo los ajustes «hasta que se establezca una nueva fórmula automática».
Además, las posibles privatizaciones de empresas estatales como YPF, Banco Nación, Nucleoeléctrica y ARSAT, incluidas en la «ley ómnibus», también complicaron el panorama de las negociaciones políticas.
Mientras el proyecto aún estaba en las comisiones, el gobierno optó por realizar las primeras modificaciones. Redujo la cantidad de artículos de la ley de 664 a 523 y ajustó puntos controvertidos, como los referentes a las jubilaciones y al capítulo de privatizaciones, aunque mantuvo el tema de las retenciones o impuestos a la exportación de soja y sus derivados.
Con este ajuste, el oficialismo logró que la «ley ómnibus» avanzara desde la etapa de comisiones, previa al debate en el recinto, con la aprobación de un dictamen de mayoría firmado por los diputados de los bloques «dialoguistas», aunque con 170 disidencias. Este hecho generó señales de alerta que obligaron al gobierno a continuar con las negociaciones.
Según la hoja de ruta original proporcionada por la jefatura del bloque oficialista de la Libertad Avanza, la sesión estaba inicialmente programada para el jueves 25 de enero. No obstante, esto no se materializó. De hecho, las reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo continuaron sin interrupciones. La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, sostuvo dos encuentros el viernes 26 de enero con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Esos encuentros sirvieron como preparación para ultimar los detalles de los nuevos cambios que el gobierno introdujo en la «ley ómnibus». El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del capítulo fiscal. Esto implicó la exclusión del proyecto de puntos polémicos como las retenciones, jubilaciones, blanqueo de capitales, reversión del Impuesto a las Ganancias, entre otros.
Según un comunicado de la Oficina del presidente, se optó por retirar estos puntos para que «la ley avance sin problemas».
«El déficit cero es innegociable», afirmó Caputo en una conferencia de prensa. Eliminar los artículos relacionados con las retenciones, jubilaciones y Ganancias, según estimaciones del Ministerio de Economía, resultaría en un agujero fiscal equivalente al 1,3% del PIB. Manuel Adorni, portavoz presidencial, reiteró el compromiso del gobierno con el equilibrio de las cuentas públicas y advirtió que, a pesar de las modificaciones, se requerirá un ajuste mayor en otras partidas.
Tras estos cambios, el oficialismo tenía como objetivo llevar a cabo la sesión plenaria de la Cámara el martes 30 de enero. Sin embargo, la convocatoria se firmó el lunes para el miércoles 31. Mientras tanto, las negociaciones con gobernadores continuaron, y los líderes provinciales no kirchneristas se reunieron con el ministro de Interior, Guillermo Francos, el lunes.
En este encuentro surgió la última controversia en la negociación. Según Lisandro Nieri, representante del gobernador de Mendoza en la reunión, el ministro habría ofrecido la coparticipación del 30% de lo recaudado con el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, conocido como impuesto PAIS, que se aplica a ciertas transacciones en moneda extranjera en Argentina.
No obstante, la oficina del presidente emitió un comunicado posteriormente desmintiendo tal propuesta y aclarando que la discusión sobre este tema se llevará a cabo «en otro momento».
Esto provocó incomodidad entre los gobernadores y generó un nuevo desencuentro entre ellos y el Ejecutivo Nacional. A pesar de esto, en las reuniones de legisladores de distintos bloques que tuvieron lugar el martes, los «dialoguistas», también conocidos como opositores no kirchneristas, optaron por respaldar la ley del gobierno.