El último escollo legal para que Bukele pueda competir por un segundo mandato
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, participa en las elecciones a pesar de las críticas que sostienen que la Constitución del país prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos.
En diciembre de 2023, la Asamblea Legislativa autorizó la solicitud de Bukele de un permiso para apartarse del cargo durante seis meses, con el objetivo de enfocarse en la campaña para la reelección en 2024.
En 2021, la máxima instancia judicial del país determinó que Bukele tenía la posibilidad de postularse para un segundo mandato, siempre y cuando renunciara a su cargo seis meses antes del inicio de un nuevo periodo.
Más tarde, en julio de 2023, el partido Nuevas Ideas llevó a cabo sus primarias con él como único aspirante. La controversia sobre la posible reelección de Bukele: las posturas del oficialismo y los argumentos de los expertos constitucionalistas.
La elección de Bukele como candidato por parte de su partido para las elecciones de este domingo generó controversia, ya que algunos expertos en derecho constitucional sostienen que al menos cinco artículos de la Constitución prohíben una reelección inmediata. A pesar de esto, desde el oficialismo se argumenta que existe la posibilidad de aspirar a un segundo período, según un análisis oficial, siempre y cuando el presidente y el vicepresidente renunciaran seis meses antes.
Según Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización sin fines de lucro especializada en supervisión social, la postulación de Bukele «claramente contraviene la Constitución».
«En El Salvador, la reelección inmediata está vedada por la Constitución,] contiene varias disposiciones que establecen de manera evidente que aquel que haya ocupado la presidencia en el periodo anterior al nuevo mandato no puede asumir nuevamente la presidencia».
En 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada mayoritariamente por el partido en el poder, destituyó a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como al fiscal general, Raúl Melara. Además, en su primera sesión, los legisladores eligieron y juramentaron a los nuevos jueces, generando críticas a nivel internacional por la ausencia de contrapesos en una democracia y por la falta de respeto a la separación de poderes.
Según Escobar, «esa ‘Sala de lo Constitucional’, entre comillas, está compuesta por un grupo de abogados impuestos por el presidente en línea con la decisión de la Asamblea Legislativa: no están designados de manera legítima, no son magistrados electos de manera legítima, sino que, como menciono, es un tribunal, supuestamente tribunal, creado a medida por el mismo presidente».
El líder de Acción Ciudadana afirma que las decisiones de esa sala «carecen de validez jurídica» y que los jueces legítimos eran aquellos destituidos en 2021. Escobar sostiene que El Salvador se encuentra en las fases finales que conducen a la instauración de una dictadura.