En un sorprendente acontecimiento, el diputado chileno Nelson Venegas ha presentado su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, luego de obtener un resultado positivo en un test de drogas aleatorio realizado en el Parlamento. Venegas, miembro del Partido Socialista y parte de la coalición de Gobierno, hizo el anuncio a través de un video compartido en redes sociales, destacando la importancia de que la comisión a la que pertenecía conociera su caso.
El legislador socialista explicó que se sometió al test de drogas, una práctica a la que se había sometido en otras ocasiones sin incidentes, y lamentablemente obtuvo un resultado que fue considerado como una violación al reglamento de la corporación. Venegas reveló que está bajo un tratamiento médico para perder peso, utilizando un medicamento llamado Sentis, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia.
A pesar de sus argumentos, el diputado reconoció que desconocía que el principio activo del fármaco, la fentermina clorhidrato, es un estimulante central con la misma composición química de la metanfetamina. «Este forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba», declaró Venegas.
La situación tomó relevancia después de que la diputada Camila Flores, del partido Renovación Nacional, afirmara en una entrevista radial que se estaba «tapando» el hecho de que un congresista de izquierda había resultado positivo en el test de drogas, anunciando la realización de una contraprueba.
Aunque Venegas atribuye el resultado al medicamento con receta, la atención se centra ahora en la contraprueba para confirmar o refutar esta versión. Según el ‘Reglamento sobre control de consumo de drogas de diputados’, un resultado positivo conlleva la obligación de presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por un año. Se realizará una fiscalización de los movimientos bancarios de los seis meses previos al examen de drogas para verificar transacciones superiores a las 800 unidades de fomento (31.453 dólares). En caso de exceder los límites establecidos, el caso será remitido a la Comisión de Ética y Transparencia, donde se solicitará al diputado que justifique sus movimientos financieros, pudiendo enfrentar sanciones si se niega a colaborar.