La corrupción a cielo abierto.
La investigación conocida como el caso Pandora se dirige hacia dos expresidentes de Honduras y otros miembros del gobierno de la Administración Hernández.
El expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, junto con otros exfuncionarios, tendrá que aguardar hasta el 1 de febrero para conocer la resolución de las acusaciones en su contra. La fecha fue pospuesta debido a la cantidad de pruebas que el juez competente debía revisar.
El caso denominado Pandora reveló una red política de corrupción que desvió fondos públicos destinados a la producción agrícola en el corredor seco de Honduras, una región afectada por sequías y problemas constantes de seguridad alimentaria.
Pandora II es un escándalo de corrupción que involucra a dos exmandatarios de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, siendo este último detenido en una prisión estadounidense.
El dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas entre 2009 y 2013. Para encubrir su origen, se simularon acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones privadas, desviando así los fondos estatales para otros fines.
A los acusados se les imputa haber malversado fondos públicos con el fin de respaldar la campaña política del expresidente Juan Orlando Hernández.
Varios exfuncionarios del partido nacional están encarcelados por casos de corrupción, incluyendo a la esposa del expresidente Lobo, quien estuvo previamente detenida por cargos similares.
La Ufecic-Maccih presentó acusaciones contra 38 individuos por desviar 282 millones de lempiras de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), incluyendo a líderes de partidos políticos tradicionales.
El desvío de fondos en el caso Pandora alcanzó proporciones significativas, llegando al punto en que el dinero no solo se contaba, sino que también se pesaba, emulando prácticas utilizadas por las mafias del narcotráfico. En el testimonio de las 22 horas, el imputado Fernando Suárez detalló cómo él mismo recolectaba y entregaba la suma total a la difunta Hilda Hernández, hermana del presidente de la república.
Según el testimonio, la estrategia del gobierno implicaba desviar fondos hacia las fundaciones privadas Dibattista y Todos somos Honduras. Desde estas, una parte se entregaba en efectivo y otra mediante cheques. Esta táctica ha dificultado al Ministerio Público determinar la cantidad exacta de dinero saqueado, ya que solo se cuenta con registros de las transacciones realizadas mediante cheques. En el caso de los diputados involucrados, la mayoría prefería recibir el dinero en efectivo, formando largas filas para tal fin.
En una única investigación, se estima que la cifra involucrada asciende a alrededor de 12 millones de dólares.