Dirigentes comunitarios panameños protestan contra el déficit habitacional que podría superar las 150 mil viviendas en un país con 4 millones de habitantes.
A menos de 7 meses para que finalice la gestión del presidente Laurentino Cortizo, desde distintos asentamientos informales de Panamá, lamentan que sus reclamos de acceso a una vivienda no sean atendidos de manera integral.
Es por eso que este martes 16 de enero la Coordinadora Victoriano Lorenzo, que agrupa a distintas comunidades a nivel nacional, volvió a las calles de Ciudad de Panamá, mediante una marcha con destino a la presidencia de la república.
Las exigencias priorizan la legalización de los terrenos que han ocupado para asentarse con sus familias, de las que se estiman unas 150 mil, de acuerdo con el último Censo Nacional.
Estos desalojos forzosos son generalmente promovidos por las propias autoridades, a pesar de mantener años de diálogos vigentes con los dirigentes comunitarios.
Con esta acción también condenan la persecución de la que están siendo víctimas estudiantes, educadores y otros dirigentes comunitarios que encabezaron las protestas anti-minería de finales de 2023 puntualizando el ejemplo de las 18 cuentas clausuradas por la Caja de Ahorros a los trabajadores de la construcción.
La agrupación, se enorgullece de contar entre sus miembros con una mayoría de mujeres, que en las comunidades, sin abandonar la atención a sus familias y hogares, sobresalen en la pelea por las reivindicaciones sociales y enfrentan con igual hidalguía medidas represivas contra sus pobladores.