La sociedad peruana ha objetado la resolución del Tribunal Constitucional
El 6 de diciembre de este año, Alberto Fujimori, sentenciado en 2009 a 25 años por crímenes de lesa humanidad, obtuvo su libertad.
Tras cumplir 14 años en la prisión Barbadillo, el expresidente de Perú fue liberado por decisión del Tribunal Constitucional, a pesar de la oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había exigido al Estado peruano que respetara la orden de mantenerlo en prisión.
En relación con este tema, varios organismos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), expresaron su oposición a la liberación, calificándola como una infracción al derecho internacional y una seria omisión de las responsabilidades internacionales del Estado peruano en la lucha contra la impunidad y la salvaguarda de los derechos de las víctimas.
Tanto la población peruana como diversos organismos internacionales comparten la oposición a la liberación de Alberto Fujimori. La puesta en libertad del expresidente ha generado una profunda indignación, al percibirse como una afrenta a la memoria de las víctimas y sus familias. Además, se considera un peligroso menoscabo a los principios fundamentales de los derechos humanos.
Un considerable sector de la sociedad peruana ha objetado la resolución del Tribunal Constitucional de liberar a Fujimori, argumentando que existe una conexión entre este organismo y casos de corrupción.
La excarcelación de Fujimori podría estar motivada exclusivamente por consideraciones políticas, ya que se percibe como una estrategia que podría ser utilizada para influir en las elecciones presidenciales de 2026.
Después de la liberación de Alberto Fujimori, la Procuraduría General del Estado (PGE) de Perú advirtió que la deuda de reparación civil del ex presidente supera los 210 mil dólares debido a su implicación en tres casos de corrupción