Este país es utilizado como puente de la droga, que va de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa.
El Organismo de Investigación Judicial en Costa Rica (OIJ, policial), confirmó que el 2023 ya es el año más violento en este país centroamericano desde que hay registros, con 777 homicidios hasta noviembre, 238 más que en el mismo periodo de 2022.
Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública (Interior), destacó que este fenómeno es un «cáncer» que no fue detectado a tiempo y tenemos que evitar que haga metástasis.
Además, expresó que, al asumir en el Ministerio de Seguridad, en mayo pasado, había la misma cantidad de agentes y recursos que en su etapa anterior en el cargo (2011-2014).
En 2013 hubo 407 homicidios, por lo que la cifra creció más del doble en una década. Es necesario construir las bases de una policía profesional, capacitada para obtener resultados a medio y largo plazo, consideró.
“Con 17.000 efectivos, la Fuerza Pública (policía nacional) se enfrenta a un fenómeno criminal profesionalizado y altamente violento”. Afirmó Zamora.
Dos tercios de los homicidios son ajustes de cuentas en la disputa entre bandas por territorios para el mercado de drogas. El 81% de las muertes fueron cometidas con arma de fuego, a veces fusiles militares AK-47 o AR-15.
El gobierno comenzó en mayo una operación anticrimen que desarticuló unas 10 estructuras criminales y conocen de las otras 340 que operan en el país.
En la caribeña Puerto Limón (provincia de Limón, este), históricamente deprimida y donde la tasa de homicidios es de 35,3 por cada 100.000 habitantes, se instalaron escáneres en el puerto para detectar droga en los contenedores de carga destinados a Estados Unidos y Europa.
Según las proyecciones, Costa Rica cerrará 2023 con unas 900 muertes violentas y una tasa de 17 homicidios por cada 100.000 personas, en un país con 5,1 millones de habitantes.
Por otro lado, la Universidad de Costa Rica, realizó una encuesta donde el 41,3% de las personas consultadas consideraron la inseguridad y la delincuencia como su principal preocupación, 13,5 puntos porcentuales más que un sondeo realizado en septiembre.
Álvaro Ramos, exministro de Seguridad, destacó por su parte la necesidad de invertir en educación, salud, prevención, presencia policial para ejercer un «ataque directo a la yugular» del crimen organizado.
«Si abandonamos a la población (…), los criminales organizados van a sustituir al Estado». Advirtió Ramos.
Randall Zúñiga, director del Organismos de Investigación Judicial (OIJ), coincidió en que para equilibrar esa «lucha desigual» faltan recursos, capacitación y agentes. Se precisan en esta policía judicial 1.080 efectivos adicionales a los 3.500 actuales.
«No podemos tapar el Sol con un dedo, calificando la situación de tormenta perfecta». Subrayó Zúñiga.
Mario Rodríguez, un jubilado de 74 años, extraña la tranquilidad en un país que por mucho tiempo fue considerado un oasis en una Centroamérica que pasó de décadas de conflictos bélicos y civiles a la violencia del narcotráfico y las pandillas.
«A cada rato hay muertes. Es lo que comemos en las noticias cada mañana desde que nos levantamos», da un poco de temor, más que todo por los hijos. Tal vez tengan que ir al colegio o a hacer un trabajo con sus compañeros… ya ni pueden jugar a la bola en un parque porque puede pasar una balacera». Aseveró Rodríguez.