El grupo guerrillero anunció la suspensión temporal de las conversaciones tras meses de enfrentamientos con la Fuerza Pública en el departamento de Arauca.
Desde hace casi seis meses los enfrentamientos entre una estructura del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y el Ejército en el cañón del Micay (Arauca), una región estratégica con salida al Pacífico, ha sido la piedra en el zapato para el avance de las conversaciones de paz entre ambas partes, que finalmente fueron suspendidas de manera unilateral por el grupo armado, el pasado domingo.
Y es que desde junio hay un despliegue de la fuerza pública en esa región que comunica a los departamentos Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Con estas operaciones militares, el Estado busca recuperar el control territorial de esa área donde opera el Frente Carlos Patiño, perteneciente a ese bloque de las disidencias.
Estos combates han sido el germen de la decisión que tomó el EMC y que ahora pone en vilo el avance de las conversaciones entre ambas delegaciones.
Juego trancado
Este año, las dos partes han tenido que sortear una serie de obstáculos previos, incluida la suspensión del cese al fuego en cuatro departamentos en mayo pasado, tras el ajusticiamiento de cuatro menores indígenas reclutados por esa guerrilla.
A pesar de la reciente medida, las disidencias dejan un resquicio para continuar las negociaciones siempre y cuando el Estado se comprometa a cumplir con lo acordado, según un comunicado emitido el pasado domingo. No obstante, el mandatario respondió en sus redes que dejar la mesa «sin romper la tregua» no es posible.
«El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil», agregó Petro, lo que tranca parcialmente el juego.
En su interacción el presidente ratifica la postura del Gobierno de la necesidad de un acuerdo de «sustitución de economías ilícitas por lícitas con ayuda del Estado».
¿Qué pasa en el cañón del Micay?
En esa zona, según el Ejecutivo, el «accionar terrorista del Estado Mayor Central» ha afectado a las comunidades. Allí existe un corredor donde hay tráfico de cocaína, armas y minerales, además de actividades ilícitas como la extorsión, dirigidas por ese grupo armado.
En agosto pasado, el presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió en la plataforma X que los ataques con explosivos del EMC en esa entidad eran en respuesta a la ofensiva del Estado en el valle del Micay «donde se produce el 70% de la hoja de coca del Cauca».
Al referirse a El Plateado, el mandatario manifestó que ordenó una operación militar en esa zona para bloquear las salidas de las economías ilícitas.
«En octubre pasado, Petro acusó a las disidencias de impulsar una economía que financia la muerte y expresó que estos grupos no podían vestirse de revolucionarios «y ser traquetos [narcotraficantes] en el alma», según El Espectador.
En El Plateado, apunta el citado medio, hay combates desde el pasado 28 de septiembre, lo que ha generado el desplazamiento de por lo menos 1.000 personas.
A pesar de los enfrentamientos, las elecciones regionales del 29 de octubre se llevaron a cabo sin inconvenientes en ese corregimiento del municipio caucano de Argelia.
¿Cuál es el escenario ahora?
Como en toda negociación, las decisiones se logran tras jornadas de acercamientos donde cada parte expone sus exigencias y sus líneas rojas.
El Gobierno colombiano ha reiterado su posición de acabar con las economías ilícitas que subsisten desde hace dos décadas en esa zona del Cauca donde operan frentes del EMC, por lo que le corresponde afinar su estrategia para garantizar la seguridad que le corresponde como Estado.
Ya en los acuerdos se había explicitado que la fuerza pública no reduciría sus operaciones en los territorios afectados por las economías ilícitas y por la siembra de miles de hectáreas de coca.
Por su parte, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ alertaron que la mesa de conversaciones está en «peligro» de que se «genere un rompimiento de manera definitiva».
Aunque en el texto donde anunciaron que suspenderían momentáneamente las conversaciones, reconocen la disposición de la delegación gubernamental y de Petro para conversar y «alcanzar la tan anhelada paz», y señalan a las fuerzas del Gobierno de realizar «constantes incumplimientos» de lo acordado.
El EMC expresa su desacuerdo con las operaciones militares en las zonas rurales del Cauca donde se encuentran, por lo que este sería uno de los principales nudos que habría que destrabar para que continúen las negociaciones.
A pesar de las recriminaciones al Gobierno, declaran en el escrito que están «en total disposición» de sentarse en «cualquier sitio del territorio nacional, en la «fecha y hora» que se convenga «con el fin de continuar los diálogos».
Como exigencia para volver a las negociaciones piden la creación de un documento donde la otra parte se comprometa con el cumplimiento de lo adoptado en la mesa de diálogo. Del mismo modo, se le pide abstenerse de presentar «documentos que no sean discutidos y aprobados» por ambos.