EL denominado paro nacional indefinido fue promovido por autoridades indígenas de distintos departamentos de Guatemala.
Dirigidas por 48 cantones de Totonicapán y los proveniente de Sololá y el quiché, que durante 12 días mantienen manifestaciones constantes frente a la fiscalía de Guatemala.
Los manifestantes han expresado que no moderan hasta que renuncie de sus cargos los tres fiscales y el juez a quienes tachan de golpista.
Lo que rebaso el vaso fue la irrupción de las fiscales de la FECI, en la sede del tribunal supremos electoral (TSE), el 30 de septiembre, donde sustrajeron cajas con las actas electorales 4 y 8 que contenían los resultados que dieron como ganador a Bernardo Arévalo, candidato del movimiento semilla.
La persecución judicial a semilla ha provocado las manifestaciones más masivas en la historia de país centroamericano.
Una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA), está tratando de medir entre el presidente, Alejandro Giammattei y las autoridades indígenas, pero el mandatario se ha negado a quitar a Consuelo Porras.
Giammattei envió una carta a Bernardo Arévalo que lo responsabiliza de la ingobernabilidad en el país, a alentar a las manifestaciones y bloque con falsas inexistentes teorías de supuestos golpe de estado.
El propio presidente electo, que asumirá el poder el 14 de enero de 2024, entregó una misiva de respuesta en el Palacio Nacional en la que acusa a Giammattei de ser el «principal responsable de la crisis» y de «incitar a la violencia».
Tambien, le recuerda que «tiene en la mano la llave para desarmar esta crisis» pidiendo la renuncia a Porras, quien se niega a dejar su cargo e incluso ha pedido a la Policía que use la fuerza para que los manifestantes desalojen el ingreso a la Fiscalía. Se trata de un pulso entre la ciudadanía y el Estado, que ha sumido al país en una crisis política y cuyo ganador a día de hoy es una incógnita.