Familiares de Fernando Villavicencio, el aspirante a la Presidencia asesinado la semana pasada en Quito, Ecuador, presentaron una denuncia en contra del mandatario del país suramericano Guillermo Lasso, en relación con el crimen.
La denuncia también está dirigida contra el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, entre otros, por considerar que no se cumplieron los protocolos de seguridad ni la protección completa que debía tener Villavicencio, quien tenía un nivel de riesgo del 97%, determinado por la propia Policía.
En conferencia de prensa, señalaron que la denuncia contra al Estado ecuatoriano es por el delito de asesinato, ya que consideran que hubo una omisión dolosa por parte de las autoridades y no cumplieron con su papel de garantes, al no velar por la vida de Villavicencio, pese a las amenazas que había recibido en su contra.
Marco Yaulema, abogado de la familia, cuestionó los protocolos de seguridad aplicados el 9 de agosto, cuando Villavicencio fue asesinado al ingresar en la parte trasera de una camioneta de doble cabina, que estaba en la calle, que no era blindada, ni tenía conductor, mientras que el vehículo que sí era blindado estaba a dos minutos de llegar, según dijo
«El Estado ecuatoriano no garantizó la vida de un candidato a la Presidencia de la República». Expresó.
La semana pasada, Luis Fernández, también abogado de la familia, dijo que el asesinato podría considerarse como «un crimen de Estado», tras señalar, como han reiterado, que «no hubo una inteligencia, no hubo un barrido previo, no hubo una protección adecuada» al momento de la salida del candidato del evento.
Sobre la denuncia, el ministro Zapata comentó que es un derecho que tiene la familia y que, por tanto, lo respetan.
Acerca de las presuntas fallas en el procedimiento policial para garantizar la seguridad de Villavicencio, indicó que está abierta una investigación de la Dirección de Asuntos Internos; por lo que, hasta que no se emita un informe, no puede pronunciarse.